El año 2016 se presenta como «un gran año judicial», pero no porque en principio vaya a haber más y mejores medios personales y materiales en los juzgados o porque definitivamente el papel vaya a desaparecer, sino porque en las Islas se celebrarán un par de juicios que llevan «coleando» más de una década.
Uno de ellos será el juicio a cuentas de la extracción de áridos en el valle de Güímar, en la isla de Tenerife. El paisaje que ha dejado es cuanto menos aterrador. Al parecer, eso lo debe decidir el juez, se lleva cometiendo un delito ecológico durante más de treinta años y se acusa a cinco empresarios. Habrá que dilucidar si los acusados tenían o no licencia para extraer los áridos. Les piden cinco años de prisión y más de 200 millones de euros.
Quizá al mismo tiempo que se esté «celebrando» el juicio, en el Parlamento de Canarias se debatirá una proposición de ley que pretende ordenar los barrancos de Güímar y restaurar el espacio natural. El texto, impulsado por el Cabildo de Tenerife, pretende declarar el enclave de interés autonómico, delimitar su territorio, prohibir las extracciones, recalificar los terrenos como suelos rústicos de protección ambiental, y que Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno aprueben un plan de restauración.
Pero esta futura ley dice más cosas. Reconoce que es un problema desde hace décadas. También describe lo que allí pasa: «Intensidad y avidez de algunas extracciones, que alcanzan profundidades desmesuradas, desconexión entre las explotaciones, como acredita la ausencia de infraestructuras comunes como vías de acceso conjuntas, tensión recurrente entre extractores y agricultores, afectación a los cauces, pero, sobre todo, la inexistencia de cualesquiera actuaciones de restauración ambiental que encubriera la huella de esas explotaciones».
Aunque la proposición alude a los esfuerzos de las administraciones por acabar el expolio medioambiental, reconoce que lo sucedido allí es un «fracaso colectivo». «Pese a los medios y los esfuerzos desplegados, la conflictividad en torno a la extracción de áridos en Los Barrancos de Güímar sigue siendo la misma, mientras que el deterioro del espacio es mayor que una década antes. Aun cuando los motivos son diversos, sin embargo, es posible hablar de un fracaso colectivo con respecto a ese espacio territorial».
Veremos en los próximos meses qué decide finalmente el juez y también qué votan los diputados en Teobaldo Power. Quizá lo que no podamos vivir es cómo los responsables políticos, además de escribir negro sobre blanco que todo ha sido un fracaso, se exigen responsabilidades. Que se hayan extraído áridos durante más de treinta años de forma desaforada y a ojos de todos debe tener más consecuencias que una nueva ley que intente resolver el entuerto. También habría que ver cuánto dinero se ha generado y a dónde ha ido a parar; y sobre todo a quién le tocará pagar para restaurar «el equilibrio ecológico perturbado».
@cecastroramos
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