FIRMAS Francisco Pomares

A babor. La miseria del empleo. Por Francisco Pomares

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Patricia Hernández ha anunciado que su consejería pondrá en marcha un plan para vigilar el fraude en las contrataciones y evitar la explotación laboral en las islas. Según la vicepresidenta del Gobierno, de lo que se trata es de «acabar con situaciones indignas», como las más tres mil contrataciones fraudulentas que ha detectado la inspección de trabajo en lo que va de año.

El anuncio se produjo apenas unas horas antes de que se haya sabido que la economía de Canarias ha vuelto a crear empleo en las islas este mes (en mucha menor medida que en meses anteriores), y que la cifra de contratados en la Seguridad Social ha aumentado en siete mil personas. Lo que ocurre es que -a pesar de esos datos moderadamente positivos- el número de horas trabajadas no ha aumentado, lo que significa que una parte de los nuevos contratos laborales lo son a tiempo parcial.

En esta región se contrata a administrativos por dos días, a médicos por hora y a dependientes que realizan horarios de diez horas, haciendo figurar en los papeles que curran sólo dos o tres al día. Hacerlo supone un ahorro importante para las empresas. Muchas de ellas, sobre todo las que cuentan apenas con dos o tres empleados, lo han pasado tan mal durante esta crisis como sus propios empleados.

Por eso, las Inspecciones de trabajo han actuado estos siete años de crisis con más flexibilidad que en épocas de bonanza, procurando corregir los abusos sin enterrar a las empresas que los cometen. Quizá algunos se rasguen las vestiduras por lo que pueden considerar una actuación laxa de la inspección, pero yo creo que se ha actuado con sensatez y dentro de la legalidad, procurando resolver las irregularidades detectadas sin llevarse a las empresas por delante.

Lo que ocurre es que alguna irregularidad en las contrataciones durante lo más duro de la crisis ha derivado en la costumbre actual de construir las plusvalías y beneficios empresariales sobre la pura y dura explotación de los empleados. Una práctica que es consecuencia de un mercado de trabajo en el que frente a una demanda escasa hay una oferta inagotable. La tentación de contrastar a la baja es obvia. Siempre habrá alguien que quiera trabajar, incluso por una miseria, o declarando una miseria.

El problema es que -al margen de los intereses de las empresas- se ha instalado en una parte importante del discurso público la idea de que la única manera de salir de esta es manteniendo salarios miserables y no declarando a la Seguridad Social las horas efectivamente trabajadas. Ese es uno de los motivos por los que la economía sumergida de Canarias supone poco menos del treinta por ciento de su PIB, una barbaridad solo superada por las regiones más rurales de España.

Frente a esa situación, la intención de Empleo de gastarse unas perras en campañas de sensibilización contra el trabajo no declarado y las contrataciones abusivas es una medida útil. Pero de escaso alcance. Son las inspecciones de trabajo las que tienen que hacer el trabajo. En este tipo de casos, la mejor campaña es apretar las clavijas a los que abusan. Y que se sepa: contarlo.

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