FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Sucesión y patrimonio. Por Francisco Pomares

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La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, anunció hace unos días, durante una de sus primeras comparecencias parlamentarias, que el Gobierno cumplirá a partir del próximo uno de enero con su compromiso electoral de eliminar el más impopular de los impuestos existentes, el impuesto de sucesiones. En realidad, la Comunidad Autónoma no puede eliminarlo. Lo que puede hacer -y va a hacer- es bonificarlo hasta en un 99 por ciento, para que los herederos paguen sólo la cantidad simbólica del uno por ciento del impuesto, como ya ocurre en otras muchas regiones españolas, y como ocurría en Canarias hasta que el Gobierno de Rivero decidió recuperar la totalidad del impuesto para hacer frente a la crisis. Dávila explicó en su comparecencia que con esta medida se trata de evitar que haya familiares «que se vean obligados a renunciar a heredar el trabajo de sus padres», y añadió que el Gobierno de Canarias trabaja para «garantizar que los que menos tienen sean los que menos pagan».

No voy a criticar la bonificación del impuesto de sucesiones, sobre todo cuando esa bonificación se produce ya en otras regiones. Lo que ocurre es que -tal y como la plantea el Gobierno- el objetivo de esa medida no tiene nada que ver con garantizar que los que menos tienen sean los que menos pagan. El impuesto va a ser bonificado en todos los casos, es decir, que cualquier persona que reciba una herencia a va quedar eximida de tributar por ella. Y eso no es trabajar por los que menos tienen, como nos dice la consejera, sino otra cosa bien diferente. Distinto sería establecer alguna fórmula que limitara la aplicación de esa bonificación en función de la cantidad específica que se hereda, o del patrimonio y renta previos del que hereda. Si el objetivo fetén es que nadie tenga que renunciar al fruto del trabajo de sus padres, no parece muy comprensible que se bonifique de la misma manera a quien hereda 200.000 euros que a quien hereda dos millones. La persona que recibe en herencia una gran fortuna -ya sabemos por la Agencia Tributaria que en Canarias, además de muchísima pobreza, hay también unas cuantas grandes fortunas- normalmente dispone de los medios suficientes para poder hacer afrontar el impuesto.

La desaparición indiscriminada de los impuestos al patrimonio y a la sucesión, es una tendencia nueva de las políticas neoliberales que se han instalado en el mundo occidental y que, según organismos tan poco sospechosos de defender la abolición de la propiedad como el Banco Mundial, contribuyen de manera decisiva a profundizar en la desigualdad social.

El Gobierno de Canarias está a tiempo de revisar su decisión. No se trata de cargarse la iniciativa. Se trata de modularla para que -de verdad- sirva para lo que la consejera dice que debe servir, para que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen paguen más. O paguen algo, alguna vez, por lo menos.

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