Una de las grandes falacias del discurso sobre esta crisis es que ha sido igual para todos, que aquí no se han librado ni justos ni pecadores, que la crisis ha afectado tanto a las grandes fortunas como a las clases medias y a la gente que no tiene nada. Algunos llevamos años repitiendo que eso es una enorme mentira. Y ahora es el Gobierno de España, a través de la Agencia Tributaria, quien revela lo que realmente ha pasado en nuestro país en estos últimos años. Los datos facilitados por la Agencia son brutales: en 2007, al inicio de la crisis, poco más de dos centenares de contribuyentes declaraban en España poseer un patrimonio superior a los 30 millones de euros. En 2013, esa cifra se acercaba a los quinientos contribuyentes, más del doble. Si hubiera que extraer una conclusión de esa paradoja, es la de que demuestra el fracaso absoluto de las políticas redistributivas que -se supone- definen a las sociedades democráticas maduras. Los gobiernos se han empeñado en contarnos la historieta conveniente de que todos los esfuerzos y sacrificios que hemos realizado los ciudadanos han servido para evitar el colapso de un sistema social basado en la solidaridad que garantiza el Estado entre clases y territorios. Un camelo morrocotudo: aquí lo que ha pasado de verdad es que se han drenado recursos y bienes de una enorme mayoría hacia una exigua minoría. Suelo poner el ejemplo sangrante de los 32.000 millones del rescate de los banqueros, que entre otras cosas ha servido para abonarles sus millonarias indemnizaciones, y que se ha pagado con los 33.000 millones que el Gobierno decidió ahorrar en siete años, eliminando la actualización del IPC a los pensionistas. Con los cuartos de nuestros ancianos se pagó lo que los banqueros despilfarraron durante las vacas gordas, y con propina.
En Canarias, las cosas no han sido de otra manera. A pesar de sucesivos gobiernos cuyo único interés eran «las personas», hemos pasado de siete familias con un patrimonio superior a 15 millones en 2007 a 19 familias en 2013. Y de 33 con un patrimonio entre 6 y 125 millones a 78 hoy. Por eso, Canarias concentra, junto a la capital Madrid y a Galicia -otra región con enormes deficiencias estructurales y diferencias sociales- las mayores fortunas de España. Seis mil contribuyentes de las Islas -el 0,3 por ciento de sus habitantes- acumulan casi 18.000 millones de patrimonio, algo más del 44 por ciento del PIB de una región con la tasa de paro más alta del país y con altísimos niveles de exclusión social y pobreza.
La crisis ha servido -también en Canarias- para aumentar la desigualdad social. Ha servido para que gente con recursos y contactos acumulen a bajo precio propiedades perdidas por los ciudadanos desahuciados. Y para que las grandes fortunas aumenten, mientras la desesperación de haberlo perdido todo se extiende como una mancha de aceite y afecta cada vez a más personas. Este es uno de los problemas que deberían preocupar a un Gobierno -el de Canarias- ocupado hoy en resolver sus propios líos partidarios y sus personalismos, mientras los problemas reales persisten y se agravan.
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