FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Sin papeles. Por Francisco Pomares

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, parece estar muy enfadado con las regiones -entre ellas Canarias- que han anunciado su intención de atender sanitariamente a los inmigrantes «sin papeles». Alonso ha insistido en su idea de que para que alguien sea atendido en España por la Seguridad Social debe estar en el registro que prepara Sanidad para incorporar en él a los inmigrantes que carecen de documentación para estar en el país. Un registro cuyo objetivo, según el Ministerio, sería el de regular la atención sanitaria a esos inmigrantes. El ministro cree que su idea es de «sentido común», porque para tener acceso al Sistema Nacional de Salud en España es imprescindible estar registrado, «como lo está todo el mundo». En una entrevista a Radio Nacional, Alonso ha dicho que estar registrado «es lo normal» y que «lo que no puede ser es que aquí haya una población de la que no podamos saber quiénes son», porque… «¿entonces cómo se les va a atender?».

Es indudable que para la Sanidad española sería mejor que los inmigrantes en situación irregular en el país estén perfectamente censados. Eso permitiría contabilizar y presupuestar los servicios que ese grupo de población puede requerir, hacer estadísticas y acotar presupuestos. El problema es que cuando Alonso se refiere a los inmigrantes «sin papeles» obvia el hecho de que su condición primordial, definitoria, es precisamente la ausencia de documentación. Por eso, considero que estamos ante un debate bastante falso: porque el problema no es si los «sin papeles» están o no registrados, sino si se les atiende o no se les atiende. Me parece razonable que Alonso cree un listado de inmigrantes que carecen de documentación pero necesiten ser atendidos. Miles de inmigrantes sin papeles se empadronan municipalmente, porque de esa manera fijan -siquiera sicológicamente- derechos de residencia. No dudo que con el apoyo de las organizaciones que trabajan con inmigrantes sin papeles y con una campaña de explicación, que incluya incorporar a ese listado de la Seguridad Social a los «irregulares» previamente atendidos, el registro pueda llegar a funcionar. Pero ese no es el verdadero debate. El debate es qué deben hacer los médicos de los servicios de urgencia o de los centros de salud cuando una persona con problemas y sin papeles precisa atención. Lo que se plantea desde Canarias y otras comunidades es que en estos casos es más importante la persona que el registro del ministro. ¿Que hay incidencias de las que son protagonistas los inmigrantes indocumentados? ¿Incluso algún abuso? Desde luego. En todos los ámbitos de la Sanidad los hay. Es razonable suponer cierto grado de tensión y conflicto cuando se trata de la propia salud. Pero no porque haya conflictos se debe dejar de atender a las personas.

El ministro hará bien en sacar adelante su registro. Pude ser útil. Como lo es para los municipios que los inmigrantes se empadronen. Ojalá el listado sea pronto operativo y funcional. Pero mientras eso ocurre, ni una sola persona debe ser excluida.

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