FIRMAS

Cuando el suelo solo halló desprotección. Por Ce Castro

A pesar del continuo debate, poco se ha avanzado en materia de territorio y su salvaguarda en Canarias durante los últimos años. No cabe duda de que existen tantas visiones como sectores implicados en esta cuestión, lo que no hace sencillo consensuar políticas o alcanzar acuerdos. La consecuencia directa es que la ordenación del suelo ha sido un auténtico fiasco.

El caso de Josefa Hernández, condenada a seis meses de cárcel por construir su casa en un espacio protegido e indultada después, ha devuelto el debate territorial a primera línea de la actualidad. Mientras unos han definido este caso concreto de despropósito social, también se han oído voces en contra de «aquellos gobiernos y administraciones» que llevan a cabo una política «intervencionista» sobre el territorio. Y aquí reside el quid de la cuestión.

La concienciación ecologista en las Islas ha ido tradicionalmente aparejada a la especulación urbanística y la promulgación de legislación autonómica. Las clases medias, seriamente golpeadas ahora con la crisis económica, habían ido poco a poco «empoderándose». Así el ecologista se caracterizaba por ser un movimiento social fundamentalmente reactivo o de resistencia en el Archipiélago. Se trataba y se trata, a toda costa, de defender y proteger el espacio natural, y también de garantizar el uso público del suelo. Su objetivo final es promover el bienestar de la población, cuando se ve seriamente afectado por los intereses de empresas e instituciones.

La discusión territorial, a pesar del paso del tiempo, no dista en exceso de aquellas primeras luchas suscitadas en Canarias en la década de los setenta del siglo pasado. Luchar contra «los desmanes» perpetrados contra los bosques o la defensa del litoral frente al desarrollo turístico fueron el embrión del ecologismo en las Islas. Quizá uno de los mayores avances se suscitó a raíz de que en 1989 la Coordinadora Popular en Defensa de El Rincón presentase la primera Iniciativa Legislativa Popular en defensa del medioambiente en el Parlamento de Canarias. La protección del medioambiente y la democracia quedarían, a partir de ese momento, perfectamente enraizadas.

Dieciséis años después de aquello, CC y PSC-PSOE han admitido en su «acuerdo de gobierno» para la presente legislatura (2015-2019) que «se debe agilizar» la planificación territorial, «pero siempre vigilante de seguir criterios razonables y que no condicionen negativamente el futuro progreso económico de las Islas». Habrá que estar atentos a qué se refieren con eso de condicionar «el progreso económico» y cómo se incardina con ese cajón desastre denominado sostenibilidad.

También ambos partidos se han comprometido a aprobar una ley de Evaluación Ambiental donde las evaluaciones estratégicas ambientales de los planes de ordenación, obligatorias según la normativa comunitaria, sean realizadas por un órgano independiente, que puede ser la actual Cotmac u «otro ente» que nazca en el futuro. Veremos cómo cristaliza este propósito y sobre todo qué consecuencias tendrá para la Cotmac y el medioambiente isleño.

La conclusión a todo esto parece sencilla, el movimiento ecologista en las Islas y, sobre todo, la ciudadanía deberá continuar vigilante. Tienen mucho trabajo por hacer, ya que nuestro territorio aún no está a salvo.

@cecastroramos

 

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario