FIRMAS

La Justicia está muerta. Por Wolfman

¿Quién dice que en España somos todos iguales ante la Justicia? Quien crea eso es además de un memo, un auténtico imprudente.

Porque el caso de Josefa Hernández es significativo e hiriente. El delito de esta abuela de Fuerteventura no fue construir sin permiso en un espacio natural protegido; eso se sustancia con una multa y a otra cosa, así se resuelven miles de casos cada día y no se exige a nadie ni reparar el daño ni remover una piedra salvo que haya otros intereses detrás.

El gravísimo delito cometido por esta mujer ingenua e ignorante fue simplemente llevarle la contraria a un Juez, porque en España puedes hacerla muy gorda, puedes construir hoteles en una playa, un chalet en un parque nacional, quemar un monte, estafar a viejecitas con preferentes, defraudar a Hacienda, aprovecharte de tu posición para obtener beneficios millonarios, evadir millones de euros de comisiones ilegales y hasta llevártelos a Suiza, que seguramente ni vas a la cárcel ni te condenarán por ello a nada penoso, y ya no hablemos de los terroristas que han sido excarcelados sin una adecuada justificación.

Sin embargo, como le faltes el respeto a su señoría estás perdido. De nada te vale que tu situación sea de abandono, miseria o pobreza, que estés solo, que tengas familia a tu cargo impedida o no o que tengas nietos que guardar para que no estén en la calle porque en Canarias no hay suficientes ONGs para atender a todos los miserables de esta injusta sociedad.

Y ya se pueden poner de perfil los políticos que han permitido que esto se lleve a efecto, que se llegue a esta situación terriblemente injusta, tanto que todos los ciudadanos con medio dedo de frente claman al cielo para que no se ejecute esta sentencia que seguro está acorde con la legislación vigente pero adolece de los mínimos criterios de sensibilidad, mesura, humanidad y JUSTICIA que es lo que al final se pretende impartir.

Nuestro ordenamiento jurídico es relativamente claro, tanto que establece que los delincuentes tienen muchos derechos, más que cualquier ciudadano que no haya cometido falta o delito alguno y también se contienen una serie de principios del derecho que garantizan además que los procesos penales deben ser justos, que se deben individualizar las conductas, que se debe atender a todas y cada una de las circunstancias de cada caso, sean agravantes como eximentes o atenuantes, a unas y a otras, y me da en la nariz que en este caso tal vez no se han observado todas esas circunstancias que podrían haber dado como resultado otro distinto, en vez de una condena de cárcel por desacato, que también puede ser sustituida por multa, o en otros muchos casos no se va a prisión al carecer de antecedentes penales previos.

Pero este no es el caso, esta abuela majorera es sin duda una «criminal» de cuidado a la que hay que aplicarle la Ley con la mayor dureza y penalidad que se puede contemplar, porque es pobre, porque no tiene recursos para litigar entre abogados de corbata y puñetas adornadas con gemelos de oro y brillantes, porque no tienen amigos influyentes entre nobles o empresarios de postín, porque no conoce ni la Ley, ni sus derechos, ni siquiera los que podrían amparar a semejante «delincuente», por agrandar su mísera casa para acoger al resto de su familia en vez de haber construido un gran complejo hotelero o una bodega de renombre para poder negociar con procuradores por delante.

Sin duda que otro gallo le hubiera cantado…

Está claro que la justicia está herida de muerte en España, lo vemos a diario con casos que nos machacan los sentidos en los medios de comunicación, casos de corruptos y sinvergüenzas de guante blanco, esos mismos que ahogan al ciudadano con impuestos y exigen a los miserables el cumplimiento de leyes que luego ellos ni cumplen ni observan, cuando son pillados borrachos conduciendo, son denunciados por construcciones ilegales, por pago de comisiones, por viajes, por componendas, por sobornos, por cohechos, etc…. y que en último caso recurren al Gobierno de turno para que en aplicación de la bendita Ley de Indulto queden en libertad y sin cargos, ni remordimientos.

Aplíquese pues en este caso esa Ley para indultar a Josefa Hernández de todos los delitos, faltas, omisiones o infracciones que hubiera podido cometer, aunque solo fuera por el reconocimiento de que ella misma obró motivada por un estado de necesidad, circunstancia eximente más que justificada para cometer ese desacato judicial que sin duda todos podemos entender y apreciar.

Estoy convencido que hasta la Autoridad Judicial también lo haría así en este caso.

 

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