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Más de 29.000 personas han firmado a favor del indulto de Josefa Hernández

Josefa hernández.

Elblogoferoz/Agencias.- Más de 29.000 personas forman parte ya de esa ola de solidaridad que se ha generado alrededor del caso de Josefa Hernández, cuyo indulto se está firmado en la plataforma Change.org para la solicitud de su indulto.

El caso de esta vecina de Fuerteventura, que tiene que cumplir una condena de seis meses de prisión por no haber derribado su casa, construida en un espacio protegido en el municipio de Betancuria, ya ha trascendido las fronteras de su isla, del Archipiélago y ha captado el interés de multitud de medios nacionales.

Su situación es especialmente sangrante, y ha captado la atención general porque se trata de un caso en el que esta mujer de 63 años de edad, tenía hasta el momento de su entrada en prisión a cinco personas a su cargo, entre los que se encontraban varios niños.

En un territorio donde las irregularidades urbanísticas o “alegalidades” son frecuentes, la decisión de enviarla a la cárcel ha suscitado una fuerte reacción en las redes sociales, donde circulan muchas adhesiones, pero también infinidad de escritos de protesta, en los que se ponen de manifiesto casos popularmente conocidos y que no han corrido la misma suerte de Josefa.

Ahora, en un intento desesperado para que esta mujer no tenga que pasar por el mal trago de tener su libertad recluida, una de sus hijas, Minerva, ha impulsado esta petición puplar que traslada al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que interceda por ella, de manera que se tengan en cuenta sus características personales y familiares, ya que Josefa también tiene bajo su tutela a una hija con discapacidad, sus tres nietos a un hijo que lleva muchos años sin trabajo.

Esta situación tiene su origen en el año 2007, a raíz de una petición de servicios sociales para que mejorara las condiciones en las que se encontraba su vivienda, de manera que estuviera en condiciones para acoger los tres menores a su cargo.

Aunque la remodelación incluso contó con fondos del Cabildo majorero, cinco años después fue denunciada porque su casa estaba construida en una zona protegida, procedimiento que concluyó con una sentencia condenatoria, que la obligaba a pagar una multa de 700 euros, a cumplir seis meses de prisión y a demoler  la vivienda.

La parte económica se cumplió, pero la que obligaba a su derribo no la llevó a cabo porque, simplemente, no tenía a donde ir.

Uno de los momentos de mayor tensión en esta crisis se produjo cuando iba a ser trasladada a Lanzarote par que ingresara en la prisión de Tahíche, momento en el que sufrió un desvanecimiento, a consecuencia de la huelga de hambre que había iniciado, y multiplicado con sus problemas de salud.

Josefa no ha hecho más que ganar adeptos en su demanda, pues su insistencia siempre ha sido que abandonará su casa y que está dispu

josefa hernandezesta a derribarla, pero si le dan una vivienda social en la que cobijar a toda la gente que tiene a su cargo. Su calvario no ha hecho más que despertar conciencias, y reforzar la idea de que la justicia hay que cumplirla, pero también ha reforzado la convicción de que esa justicia debe ser igual para todos, algo que, por lo rescatado de la memoria popular estos días, parece que no se cumple con la misma celeridad con la que se ha ejecutado el caso de esta majorera de 63 años.

 

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