FIRMAS

¡Marchando una de pretensiones gubernamentales! Por Manuel Herrador

Como no hemos tenido bastante con las aburridas y cansinas promesas electorales –incumplibles por tradición ancestral- de los diferentes candidatos en las elecciones de hace apenas tres meses, pues resulta que ahora, en pleno mes de agosto y con 40º C a la sombra, pretende el Gobierno canario que los empleados públicos “que rindan” cobren más que los que trabajen menos o, incluso, que los que no peguen palo al agua. ¡Qué guay!

Este novedoso sistema de pagar el salario formará parte de un grupo de medidas pertenecientes a la futura “ley del régimen jurídico del personal del servicio público”. A ver, como retórica agradable al oído, bien, vale, cuela, chachi, un diez. Pero, queridos gobernantes, ¿no sería más lógico penalizar a quien de manera objetivamente clara no rinde el mínimo exigible a su puesto y a su sueldo establecido? No, no me contesten, ya lo digo yo, ¡sí!

¡Ya, ya!, ya sé que la lógica no es, precisamente, su fuerte. Llevamos tantos años –décadas- de mediocridad institucional y pública, que vemos con ojos de incredulidad y sorpresa a quienes hacen su trabajo de manera normal, correctamente, incluso los elevamos a categoría de excepcionales. ¿Quién no ha oído comentar en alguna ocasión lo bien que lo está haciendo el fulanito municipal de parques y jardines porque estos están debidamente ornamentados y cuidados? ¡Coño, esa es su obligación, es lo mínimo que debe hacer, y por ello cobra! Pues solo faltaba que no pusiera flores ni cuidara los parques.

¿Y cuando ensalzamos la figura de tal o cual consejero o concejal porque ha mejorado una vía pública o reparado los daños de una acera o del mobiliario urbano? ¡Joder, pues si les parece que dejen llenos de socavones y agujeros las calles!, ¡estaría bueno! Hemos bajado mucho el listón de la seriedad profesional, de las obligaciones públicas, del compromiso político, del rigor institucional. Señores, esto no es fútbol. En el balompié, los pocos muy buenos cobran más, pero los malos bajan de categoría, y listo. Eso es lo justo y lo equilibrado. En el ámbito de lo privado ocurre igual con un determinado profesional liberal que destaque singularmente en su actividad, o con un empresario sagaz y extraordinario, o con un gran investigador o un científico excelente. Se debe premiar tan solo lo que es objetivamente excepcional.

Desperecémonos y volvamos a la senda del equilibrio y la mesura de una santa vez. Otra vez a soportar promesas, a proponer leyes, giros de 180º y vacilones varios. Los gobernantes de turno, los que se han ido y, lamentablemente, los que vendrán –ojalá me equivoque-, han tenido, tienen y tendrán tiempo y argumentos sobrados para aplicar justicia en el sector del empleo público sin necesidad de chisteras económicas ni de alharacas ilusionistas, por ejemplo, no permitiendo que pasen los años y que las subidas salariales de los funcionarios se congelen o apenas tengan incrementos del 1% anual, cuando el coste de la vida, los impuestos, el consumo doméstico, los bienes y servicios, comer o viajar, van subiendo desproporcionadamente y nos obliga a un nivel de vida cada vez más y más bajo.

En números redondos, los 2’5 millones de empleos públicos en España son muchos votos, ¡muchísimos!, y hay que empezar a ganarse la confianza de ese nicho de apoyo; en breve se sortea una nueva lotería de cuatro años de sueldos y prebendas, de poder. Como dijo Miguel Delibes: “Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad”.

Con perdón.

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