FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Hoy me levanté jacobino. Por Francisco Pomares

De los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas, lo que más me interesa desde hace años es su interpretación de la dialéctica entre centralismo y autonomías. Esa dialéctica se correspondía hasta ahora a otra igualmente importante, la de quienes se sienten más españoles que canarios o vascos o catalanes frente a aquellos a los que les ocurre justo lo contrario. El CIS estudia esas cuestiones desde la creación del Estado de las Autonomías, y las series estadísticas que presenta son de enorme interés. El último barómetro del Centro refleja que los españoles que creen que debe permitirse la autodeterminación no llegan al 10 por ciento del total. Frente a ellos, un 38,2 por ciento cree que hay que mantener las Autonomías sin más retoques y hay un 18,2 por ciento que son partidarios de volver al Estado centralista.

La encuesta del CIS nos desvela que la preocupación de los dirigentes políticos por modificar el Estado de las Autonomías responde más a la presión de una minoría que está por la ruptura, que a la de la mayoría que se siente identificada con el modelo actual. Suele ocurrir que la agenda política la condicione más quien más ruido hace, pero lo cierto es que una mayoría de los ciudadanos del país se sienten cómodos con el actual modelo territorial, y que el número de quienes creen que la respuesta a los problemas es volver al Estado centralista duplica al de quienes creen que la solución es reconocer el ejercicio al derecho de autodeterminación. Por eso, confieso cierta perplejidad ante un debate -el de la reforma territorial del Estado- muy condicionado por la presión secesionista de Cataluña, pero que obvia que la quinta parte de los españoles quieren volver al centralismo. No comparto esa idea, pero creo que habría que explorar la percepción de desigualdad que se ha instalado entre españoles que sienten que las Autonomías han traído más burocracia, más gasto y más ineficiencia, además de consagrar diferencias escandalosas entre ciudadanos de las distintas regiones en lo que se refiere a tributos y derechos, pero también en atención sanitaria, asistencia social o educación. La idea de una Sanidad, una Educación y una Hacienda común para todos los españoles es una idea vertebradora de la condición de ciudadanía, que recoge explícitamente la Constitución, y que -como tantos otros preceptos constitucionales- hoy no se cumple, aunque de eso no habla nadie: los políticos silencian ese debate porque el sistema actual favorece que haya una clase política mayor y más poder en reparto. Pero si el sistema sólo se plantea la posibilidad de avances en el autogobierno -eso es lo que ofrece el PSOE, por ejemplo, con su receta federal- y no contempla la posibilidad de retrocesos cuando el sistema no funciona, entonces todo nos empuja hacia la centrifugación del poder central. Muchos españoles -la mayoría, de hecho- quieren un sistema basado en el entendimiento entre el Estado y las regiones. Pero ese entendimiento sólo es posible si las regiones asumen su condición de Estado y las limitaciones que esa condición implica. Y también si el Estado es equitativo, redistribuidor, justo y capaz de velar por la igualdad de todos los españoles no sólo ante la ley, también ante la percepción de servicios y el pago de impuestos.

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