FIRMAS

Las deudas ahí siguen. Por Ce Castro

Debemos menos, pero seguimos debiendo demasiado. Esa es la principal conclusión que podemos emitir tras conocer los datos de «deuda viva» de las corporaciones locales canarias hechos públicos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recientemente y correspondientes al ejercicio 2014.

La reducción de deuda ha sido relativa, ya que en un año los ayuntamientos y cabildos de las Islas han pasado de deber 1.488 a 1.294 millones de euros, pero no todas las administraciones han obrado del mismo modo. Así, mientras unas han reducido sus compromisos otras las aumentaron de forma sensible.

En el ámbito de los cabildos, destaca la complicada situación de la Corporación tinerfeña, que aunque ha aminorado su deuda sigue copando el 53 por ciento de lo debido por todas estas instituciones. Esto quiere decir, nada más y nada menos, que la administración presidida por Carlos Alonso debe más que los otros seis cabildos juntos. Suma 265,7 millones de los 497,6 de deuda total de los cabildos.

Por su parte, los ayuntamientos tienen una deuda viva de 797 millones de euros, cifra nada desdeñable y que también se ha reducido en el último año. De los 88 municipios, sólo dieciocho tienen cuentas saneadas destacando la situación de San Bartolomé de Tirajana, ya que de este selecto grupo de quienes no deben un céntimo es el más poblado. En el lado opuesto, el Consistorio más empeñado es el de Telde con 114 millones de euros de deuda, lo que supone 1.119 euros por habitante; le siguen Las Palmas con 107 millones (282 euros por habitante); La Laguna con 97 millones (636 euros por habitante); y Santa Cruz de Tenerife con 87 millones (428 euros por habitante).

Este agreste mapa deja en el aire muchas preguntas acerca de la dirección que se ha estado llevando en nuestras administraciones y si el dinero público se ha invertido en lo importante o si por el contrario se ha dedicado a otros fines menos solidarios. Nos guste o no, la dura crisis económica que atravesamos está dejando sobre la mesa una serie de debates que han removido las bases de nuestro modelo social.

Sin saber muy bien cómo, el estado social, ese modelo que nos habíamos impuesto en Europa desde la segunda mitad del siglo pasado, está dando paso a otro esquema de relaciones ciudadanas. Hasta ahora eran escasas las voces que cuestionaban la viabilidad del sistema público sanitario o del educativo, pero esta «severísima travesía por el desierto» ha propiciado que los críticos al modelo hayan impuesto su doctrina y haya calado esa creencia de que, al final, el que quiera medicamentos o ir a la universidad «que se lo pague» como si la financiación de los servicios públicos hasta ahora hubiera sido por «ciencia infusa» y no por la contribución de todos.

En este trance ha aparecido el cuestionamiento acerca del gasto público y se ha recortado sensiblemente, dejando en la cuneta a los más débiles. Los primeros hachazos fueron a las partidas que las clases dirigentes denominaban eufemísticamente «gastos superfluos» sin que nadie les sacase los colores por haber estado gastando el dinero de todos en conceptos que «no eran necesarios» o «estaban de más» porque eso y no otra cosa significa superfluo. La segunda fase de recortes ha sido más desalmada, eliminando servicios asistenciales y reduciendo a la mínima expresión derechos, pero las deudas ahí siguen. Ahora habrá que ver qué nos espera.

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