FIRMAS Francisco Pomares

A babor. ¿Protección de la seguridad? Por Francisco Pomares

La Policía Local de Güímar quizá no pase a la historia por acabar con la pequeña delincuencia en el Puertito, o por controlar el tráfico de cochinos negros para fiestas y jolgorios que no pagan IGIC, pero una decisión de sus mandos la ha convertido ya en la primera Policía Local española en tirar de la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana (más conocida como «Ley Mordaza») para denunciar a un ciudadano que se vaciló en Facebook de la decisión de la Alcaldía de Güímar de cambiar de lugar sus dependencias.

La señora alcaldesa -Carmen Luisa Castro- ha considerado oportuno trasladar a partir del próximo mes de agosto a los agentes al Patronato, y anunció ese traslado en su página oficial en Facebook. Un vecino güimarero, redactor en los ratos libres de la página «La Franja de Guaza», también colgada en la red, se permitió cuestionar la decisión edilicia, censurando en tono jocoso que la Policía Local pase a tener unas dependencias mayores de las que precisa. En otro post, se preguntaba el hombre si no es necesario abrir un expediente para cambiar el uso de una instalación municipal, y en un tercero -ya en racha- se tomó a coña la decisión de la alcaldesa, alegando que no parece que alejar a la Policía municipal fuera el mejor sistema para controlar a «una casta de escaqueados, bien acomodados en convenios y estatutos». Parece que ha sido esa poco sutil descripción de la Policía la que ha provocado la denuncia a don Fernando Díaz Coello, amparándose en el artículo 37.4 de la muy polémica «Ley Mordaza» (en vigor tan solo desde el 1 de julio), que establece que se podrá penalizar con hasta 600 euros «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad».

Ni siquiera una interpretación muy laxa de la ley permite asumir que la crítica a la decisión de la alcaldesa, incluso al supuesto carácter de «casta de escaqueados» de los policías municipales de Güímar, pueda ser considerada como una falta de respeto a agentes «en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad». No sé yo si la ley permite penalizar también a quien se cachondee de la estulticia de los mandos denunciantes… Pero si así fuera, asumo el riesgo de que la Delegación del Gobierno me condene a mí también a pagar la multa procedente. Porque -sinceramente- si ahora hasta la Policía Local puede saltarse los tribunales para sancionar a quien critique una actuación de su alcaldesa o les califique de vagos, corremos todos el riesgo de empezar a pagar dos veces cada vez que nos pongan una multa por mal aparcamiento y nos acordemos, por ejemplo, de los parientes cercanos del guardia en cuestión.

Y es que hay leyes que las carga el diablo. Leyes con las que cualquier descerebrado puede hacer el mayor de los ridículos. Esta denuncia ante la autoridad gubernativa debería ser inmediatamente retirada. Por sentido común. Y la «Ley Mordaza» también.

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