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Ultimátum a la insulocracia. Por Míchel Jorge Millares

Desde que estrenamos nuestra autonomía se impuso por Unión de Centro Democrático (UCD) y el PSOE el pacto de Las Cañadas que consistía en un sistema electoral en el Archipiélago basado en el territorio para contentar a los grupos políticos que negociaban y, al final, no contentar a quien verdaderamente le afectaba el acuerdo: a la mayoría de los ciudadanos. El consenso se centró en la llamada ‘triple paridad’ entre los territorios insulares, pero con el tiempo ha crecido la espiral de rechazo por la discriminación democrática que supuso implantar una insulocracia.

Triple paridad es una simple fórmula por la cual de los sesenta escaños del Parlamento de Canarias hay 30 por cada provincia (primer equilibrio); otros 30 se reparten a partes iguales entre las dos islas más pobladas (segunda solución); y por último, que la suma de diputados de las dos islas más pobladas sea igual a la suma de las restantes (tercera paridad). Al final, se produce una distribución de escaños por isla que es el resultado de no tener en cuenta el sufragio individual de todos los ciudadanos por igual. De ahí que se produzcan situaciones discriminatorias por las que un voto en una isla valga por 17 votos de otra. O, para ser más evidentes: la Agrupación Socialista de la Gomera logró 3 diputados con 5089 votos en esa isla. Y el partido Ciudadanos no obtuvo representación pese a conseguir 24.460 votos en Gran Canaria y 53.981 votos en todo el Archipiélago.

En este sistema se sienten cómodos o se han acomodado los partidos políticos mayoritarios a pesar del cabreo de sus propios votantes en determinadas islas. El problema de este sistema es que las únicas alianzas posibles de partidos dependen de las islas e impide y/o limita la representación popular, lo que ha dado lugar a un movimiento ciudadano que aboga por modificar el sistema electoral y, para empezar, piden rebajar las barreras para lograr escaño, en lo que parece haber un consenso generalizado a pesar de que su origen fue, precisamente, acabar con el peor brote de insularismo padecido por estas islas.

Dado que se ha abierto el debate y las movilizaciones no van a menos, sino todo lo contrario, creo que se debe mantener la triple paridad porque responde a una realidad. Pero es un sistema que debe ser mejorado y ampliado hasta otras cuatro o cinco paridades más, igual de importantes, que podrán incrementarse con el paso del tiempo, ya que todo cambia a una velocidad de vértigo. Resumiendo, estas serían las novedades:

Cuarta paridad: un ciudadano un voto. Es indispensable contemplar el aspecto poblacional en la designación de un número de diputados.

Quinta paridad: No puede ser que en ocho islas habitadas sólo haya siete cabildos. Es lógico que La Graciosa se constituya en un Cabildo municipal.

Sexta paridad: 35 ayuntamientos en cada provincia. No se puede sostener que la provincia más poblada tenga 34 municipios y la otra con menos habitantes disponga de 54. Sobran alcaldes y ayuntamientos que pueden ser fusionados y, además, cuentan con el soporte de los Cabildos Insulares (y por lógica alguna otra isla también debería regirse sólo por un Cabildo prescindiendo de ayuntamientos).

Séptima y demás paridades: que los municipios turísticos tengan su estatuto; que haya el mismo presupuesto en las universidades canarias; que haya el mismo número de aceleradores lineales o recursos para combatir el cáncer, etc. etc. Porque ya puestos, la población no entiende que la desproporción de recursos públicos entre islas.

Pero, a todo esto, no debemos olvidar lo más importante. Es necesario, justo y solidario el equilibrio, pero también lo es modernizar y hacer más eficientes nuestras administraciones. Sin embargo, si no conseguimos un tratamiento igual -o paridad- con la inversión per cápita del resto de españoles y el reconocimiento de nuestra condición de insularidad, no solucionaremos nuestro principal problema y sólo habremos incrementado el distanciamiento y los recelos entre las islas. La paridad no es sólo un problema entre islas, es también un problema de Estado, aunque nosotros no miramos más allá de nuestras islas vecinas.

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