FIRMAS Salvador García

Ley Mordaza. Por Salvador García Llanos

A partir de hoy, ya deben saberlo, ley mordaza, expresión que sirve para popularizar e identificar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Las redes sociales son un clamor: por cualquier rendija se cuela una manifestación de rechazo, de discrepancia, de disconformidad. Alguna habla de un retroceso a tiempos dictatoriales.

La nueva ley, ya deben saberlo, limita las libertades de expresión e información, pero también de reunión pacífica y de asociación. Podrá parecer exagerado pero se asemeja a un Estado policial. Se reserva a los cuerpos de seguridad del Estado y del ministerio del Interior la valoración de las sanciones a aplicar, antes conferida a los jueces. Desde el extranjero nos estarán viendo con ojos de ¿asombro? y de inquietud. El Consejo de derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sin ir más lejos, aprobó recientemente un informe en el que varios estados hicieron recomendaciones concretas a España para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El mismo informe señala que los estados han recomendado también el respeto a las libertades de expresión, reunión e información, entre otras cuestiones.
La ley, ya deben saberlo, tampoco la quiere la oposición parlamentaria. En realidad, no la quiere nadie. A ver qué hace con ella el Tribunal Constitucional. Estarán muy contentos los autoritarios pero la impresión de mordaza y de represión no la quita nadie. Hasta la próxima legislatura, claro, cuando parece que ésta sea una de las normas derogables o revisables.
A partir de hoy, ya deben saberlo, hay hechos que son ilegales. Por ejemplo, fotografiar a policías, resistirse pacíficamente, protestar en las alturas (como hizo ayer Greenpeace desde una grúa próxima al Congreso de los Diputados), manifestarse en los exteriores de las cámaras legislativas y parar un desahucio. Por tanto, mareas ciudadanas, activistas, manifestantes antidesahucios, protestantes de alguna causa en las calles… se enfrentan a riesgos y situaciones presuntamente represivas.

Vaya fin de legislatura.

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