Mientras España está «adormilada» viendo cómo unos y otros, todos, se disputan bastones de mando en ayuntamientos, cabildos y comunidades autónomas, los poderes económicos del país han admitido que la recuperación no es «tan vigorosa» como anunciaban hace tan solo unas semanas y que el endeudamiento público ha crecido.
Justo el mismo día en que el Banco de España rebajó las perspectivas de crecimiento de la economía española del 3 al 1,25 por ciento para el periodo 2015-2026 y admitía coincidir con el Fondo Monetario Internacional en sus planteamientos para abaratar el despido, subir el IVA y extender el copago en sanidad y educación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hacía historia contra la economía informal y sus efectos.
Sin caer en triunfalismos, es conveniente destacar la relevancia de esta recomendación aprobada. La OIT viene a admitir que más de la mitad de la población del planeta sobrevive gracias a la economía sumergida, que ellos llaman «informal». El trabajo no declarado en la UE representa el 18,3 por ciento del producto interior bruto (PIB), aunque este porcentaje –evidentemente- es mayor en España y en Canarias. Esta situación, según reconoce la OIT, provoca que a los ciudadanos se les nieguen derechos en el trabajo y se les eliminen oportunidades de empleo de calidad.
También la informalidad lleva aparejada una protección social «inadecuada» y un diálogo social «deficiente». En España, estos nefastos efectos se multiplican de modo singular sobre la población migrante. Así, las instituciones parecen olvidarse de que cuando no se respeta sus derechos se corre el riesgo de que se rebajen los de toda la ciudadanía, sean migrantes o no.
Nunca hay que olvidar que los ciudadanos que subsisten en el oscuro ámbito de la economía informal no lo hacen por elección personal, sino por falta de oportunidades y por la pobreza. En el Archipiélago canario la tasa de pobreza supera el 27 por ciento y la de desempleo es del 30,8 por ciento. Los comedores escolares volverán a abrir este verano y ya van unos cuantos. Esta fotografía permite atisbar la importancia que tiene la economía sumergida en las Islas y sus repercusiones.
Las directrices aprobadas por la OIT nacen con la intención de convertirse en unas recomendaciones para facilitar la transición de la informalidad a la formalidad y también para prevenir que no se pierda empleo formal. Estas dos premisas, a su juicio, contribuirán a la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y a dar prioridad al «trabajo decente». Pero no será un camino sencillo ni rápido de recorrer. Ahora apenas se comienza y tendrá que ser cada país quien deba decidir cómo andar su propio camino en contra de la economía sumergida. Y este camino debe ser nunca olvidarse de que hay que apostar por la decencia poniendo en el centro siempre a los más débiles.
@cecastroramos
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