FIRMAS

Transparencia con techos de cristal. Por Ce Castro

Una de las claves del verbo responder está en «satisfacer» a quién pregunta por lo que hablar tras la formulación de una cuestión no siempre lleva aparejado que se esté contestando a la misma.

Esta vieja maña, la de hablar demasiado sin tener en cuenta al interlocutor, sigue de plena actualidad. Muchos han sido los ejemplos vistos y sufridos durante la reciente etapa electoral. Los aspirantes a ser elegidos buscaban con ansias los micrófonos de la prensa; y lo hacían sin prestar demasiada atención a sus discursos. No lo hacían ni ellos, ni los periodistas ni tampoco la ciudadanía. Estos anacrónicos usos y costumbres deben variar de forma urgente. La sociedad canaria también debe transformarse, madurar para mejorar.

Ya existe algún instrumento para lograr que el diálogo entre dirigentes públicos y ciudadanía tenga algo de contenido. Sin ir más lejos a principios de año, el Parlamento aprobó una la ley canaria de Transparencia y de Acceso a la información pública. Esta norma es un primer paso para aumentar los ratios democráticos del Archipiélago, pero corre el riesgo de revestir con «techos de cristal» la tan cacareada transparencia. Si no estamos diligentes la veremos, pero no podremos tocarla ni mucho menos disfrutarla.

La ley nace bajo la premisa de que la administración debe facilitar «de oficio» información permanente, objetiva y veraz sobre la organización, funcionamiento y control de la actuación pública. La buena intención es evidente, pero luego eso hay que traducirlo a la realidad, al día a día de una sociedad acostumbrada a que las zonas oscuras sean demasiado alargadas. Y aquí es dónde pueden aparecer las piedras en el camino y los techos de cristal, que no nos dejen ir más allá.

No puede suceder como actualmente acontece en el Parlamento. Hace algunos meses, una representante de los ciudadanos preguntaba por escrito al Ejecutivo: «¿Cuál es el número de puestos de trabajo cubiertos respecto de las vacantes registradas como ofertas de empleo del Servicio Canario de Empleo durante el ejercicio 2013?» Bien es cierto, que la redacción de la consulta podría mejorar, pero no es de recibo -por no llamarlo auténtica tomadura de pelo- que el aludido responda «fue el que permitió el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con la distribución territorial de fondos destinados a políticas activas de empleo […]».

Ejemplos como éste podremos hallar unos cuantos en el Boletín Oficial de la Cámara. No hay ilegalidad alguna, el diputado tiene derecho de controlar al Gobierno y este último, satisfecho a la hora de irse a dormir, responde en tiempo y forma.

Pero estas maneras de obrar son poco participativas y distan mucho de ser democráticas.

El profesional de la política hace y deshace a su antojo y el ciudadano sólo ha sido reclamado para votar cada cuatro años. Una consecuencia de ello, los tres grandes partidos con presencia institucional en Canarias han perdido 190.000 votos. Aunque algunos no quieran verlo, la ciudadanía reclama estructuras más horizontales, alejadas de las cuitas partidistas.

No quiere que la dejen, una vez más, al otro lado del escaparate porque se ha dado cuenta que su empoderamiento ya no es una utopía.  

@cecastroramos

 

 

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