FIRMAS Salvador García

Por encima, libertad de información. Por Salvador García Llanos

Que un ministro de Justicia se desmienta a sí mismo en dos ocasiones es significativo. Ello da idea de la dimensión cobrada por su anuncio, convertido a las pocas horas en propuesta y después en reflexión. El calado de su planteamiento, las fechas preelectorales -incluidas las vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa- y las preocupaciones gubernamentales de no ampliar el arsenal de impopularidad que viene llenando en esta legislatura, unidas a las repercusiones mediáticas y corporativas profesionales, levantaron en un breve lapso de tiempo un escenario muy poco favorable para el ejecutivo que es probable haya terminado agradeciendo la enésima aparición de un caso de corrupción (con el presidente de la Diputación y del Partido Popular de Valencia), para mitigar la potencia del foco y, de paso, adoptar una medida ejemplarizante.

El caso es que el ministro Rafael Catalá había sugerido la aplicación de sanciones para aquellos medios de comunicación que dieran a conocer datos y pormenores de expedientes judiciales abiertos, aun estos en fase de investigación. La prohibición de difundir sumarios judiciales también entraba en la proposición inicial del titular de Justicia, quien se apresuró a reconsiderar sus propósitos tan pronto como advirtió que los medios -unos más que otros, desde luego- no les daban, precisamente, la bienvenida.

Catalá esgrimía la protección de la privacidad y la presunción de inocencia. Se refugió en la ancha peana de un debate que se está produciendo en el Parlamento Europeo (PE). Pero abría las ventanas de la censura y esas son palabras mayores. Evitar filtraciones durante la investigación de procedimientos, plantear sanciones a los medios e impedir la publicación era -y es- un claro retorno a la censura de otros tiempos, la que tachaba y mermaba la libertad de información y de expresión. Máxime cuando el alcance de estas medidas derivaba no de resoluciones judiciales sino de expedientes administrativos abiertos.

El ministro de Justicia reculó a la vista de las repercusiones que el asunto iba generando. Habló de las garantías, del proceso justo y del sistema de libertades. Pero sin aludir a sanciones. Para no desdecirse del todo, recuperó argumentos: hay que encontrar el equilibrio apropiado entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas investigadas en causas penales.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha sido rotunda a la hora de rechazar la propuesta o la reflexión ministerial, remitiéndose de nuevo al articulado de la Constitución Española (CE) para reivindicar los derechos de información y libertad de expresión. Luego, da un paso adelante al asegurar que sobra cualquier modificación legislativa (Ley de Enjuiciamiento Criminal incluida) que, con toda seguridad, menoscabaría un ejercicio profesional “en el que debe primar el derecho a la información”, factor a tener en cuenta cuando se trata de discernir sobre la determinación de la responsabilidad, es decir, ¿cuál es el hecho sobre el que se debe actuar: la filtración, que puede ser interesada; o quien la publica, que se limita a dar fe de un hecho verosímil? Todo da a entender que, en caso de tener que penalizar, serán los autores de la filtración los directamente afectados.

Salta aquí el valor de la autorregulación, al que también aludió Catalá, por cierto, en plena espiral de reconsideraciones. No olvidemos, tal como indica la FAPE, que los periodistas “tienen un compromiso ético con la verdad de sus informaciones y también con el secreto profesional”. Ya hay mecanismos -legales y de otra clase- para actuar sobre ellos en caso de que se interprete que han transgredido códigos, límites empresariales y libros de estilo.

En el fondo, es positivo que el ministro se retractase y haya reorientado el asunto hacia otras coordenadas. Donde arrancó, aunque parezca demagogia fácil, era fácil preguntarse qué diferencia había con las del tan denostado chavismo, o con las mordazas impuestas de Correa y Evo Morales. O si recobraría vigencia aquel célebre título de Álvaro de la Iglesia, Tachado por la censura.

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