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El juez requiere a la Infanta un listado de bienes para embargar

AGENCIAS.- El juez José Castro ha puesto en marcha los trámites para que la Infanta Cristina y otros imputados le entreguen una serie de bienes para responder a las fianzas por responsabilidad civil que recaen sobre ellos.

El juez ha dado tres días a los inculpados -excepto a Marco Antonio y Miguel Tejeiro, que ya han presentado su listado- para que entreguen una relación de cuentas corrientes, depósitos, activos financieros y bienes inmuebles con los que responder a las cauciones, que suman 61,3 millones de euros en total.

Únicamente dos de los procesados han abonado sus fianzas. Se trata del que fuera director general de Deportes en el último mandato de Jaume Matas, el medallista olímpico José Luis ‘Pepote’ Ballester -que pagó 52.601 euros-, y la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen -quien presentó hace varios meses un aval por valor de 152.000 euros-. Por su parte, la Infanta abonó en su día 587.413 euros de la cantidad global que se le exige y que se eleva a 2,6 millones de euros.

Una vez comprobado el valor del patrimonio señalado, el juez Castroprocederá a su embargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que alguno de los procesados no designase bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.

Caso Nòos

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, invoca en su escrito de defensa que la competencia para juzgar a los 18 acusados del caso Nóos corresponde a la Audiencia Nacional, y no a la Audiencia Provincial de Baleares, donde se prevé celebrar la vista oral a raíz del presunto desvío de más de seis millones de euros públicos y la supuesta defraudación a Hacienda por parte de varios de los procesados, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, señala que será en las cuestiones previas -al inicio del juicio- cuando se acoja a la jurisprudencia queestablece en siete millones de euros la cuantía mínima para que se pueda considerar que una defraudación pueda producir «una grave repercusión en la economía nacional», lo que correspondería ser juzgado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Precisamente, el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez-Reino, estimó recientemente que la vista oral podría durar unos «tres o cuatro meses», durante los cuales el juicio se desarrollará «de forma intensa» sin que éste «afecte» al trabajo ordinario de este órgano judicial. En cuanto al enclave en el que tendrá lugar ante el alto número de acusados y testigos pero sobre todo ante la elevada expectación mediática prevista, el magistrado apuntó que «aún no es el momento» de saberlo puesto que de ello se encargará el tribunal sentenciador.

Antes de todo ello, el juez instructor del caso, José Castro, debe remitir próximamente a la Audiencia toda el procedimiento, cuyo futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.

Se da la circunstancia de que en 2012 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó asumir la competencia de la investigación en torno al Instituto Nóos, tras así haberlo solicitado el expresidente del Govern Jaume Matas, al alegar que no se provocó «ni grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni en la economía nacional ni un perjuicio a un gran número de personas en distintos territorios».

La resolución incidía en que, de acuerdo a los datos conocidos hasta entonces, las actividades del Duque y su exsocio Diego Torres no han repercutido «en nuestro sistema financiero» ni «en la cotización de nuestra moneda» ni han afectado «al mecanismo de cambio bursátil».

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