FIRMAS Salvador García

Espantada educativa. Por Salvador García Llanos

El Gobierno y el Partido Popular (PP) tienen muchos problemas que se concatenan cuando estamos en plena contra reloj de las elecciones autonómicas y locales. Priorizar alternativas y persuadir a los electores no es fácil en las circunstancias que concurren y en la época en la que nos encontramos. Todo importa, mientras las sombras se multiplican. Ellos serán los primeros sorprendidos de que aún en algunas encuestas siga apareciendo el PP como la opción con mayor intención de voto. Es cuestión de preguntarse qué otra organización política hubiera resistido con todo lo que se acumula a lo largo de la legislatura.

Todo importa, incluso gestos y decisiones. Por ejemplo, lo ocurrido en la reunión del ministro de Educación con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. Asunto: la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Siendo consecuentes con la misma postura que hemos mantenido, incluso en el ejercicio de responsabilidades públicas, no es que sea muy edificante la retirada de los representantes autonómicos en esa reunión. Pero Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya y Euzkadi han interpretado prácticamente lo mismo a la hora de discrepar de la norma y expresar de aquella manera una protesta a la vista de que sus posicionamientos no están siendo atendidos por el ministro Wert.

La ocasión parecía pintiparada para renegociar algunos planteamientos. La LOMCE es criticada porque complica el panorama del sistema educativo. Solo las personas o las familias con mayores recursos económicos parecen estar tranquilas y seguras ante ese panorama. Los más necesitados salen del circuito educativo post-obligatorio. La comunidad educativa se siente verdaderamente inquieta. Las administraciones competentes comparten también esa preocupación.

Los consejeros de las comunidades citadas solicitaban la paralización del calendario de implantación de las evaluaciones y la revisión del nuevo modelo de becas. Tanto hablar de diálogo y consenso pero el ministerio no se movió un milímetro. Conclusión: ruptura. La LOMCE podrá ser aplicada pero ya conoce el ministerio con qué grado de protesta e inaceptación.

Y el Gobierno sabe cuál es el otro flanco por donde escapan o penetran los descontentos. Cada vez más, por cierto.

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