Elblogoferoz.-El cluster canario Ricam de energías renovables lamenta que sigan apareciendo nuevos retrasos en el desarrollo de las energías renovables, y en particular en la eólica. Ahora un nuevo recurso contra el decreto del Gobierno de Canarias por parte del Ministerio de Industria podría suponer otro golpe para la reactivación del sector, si bien los defectos de la nueva norma revelan falta de diálogo y coordinación entre las administraciones.
El Ministerio que preside José Manuel Soria manifiesta que el decreto canario invade competencias de la administración central, lo que causa cierta extrañeza a las empresas de Ricam, porque este asunto debió ser debidamente tratado en las sesiones de trabajo que han mantenido ambos gobiernos, lo que hubiera evitado este nuevo revés. Como consecuencia del posible recurso de inconstitucionalidad, se volvería a ralentizar el procedimiento de asignación de eólica en Canarias por la inoperancia de las administraciones autonómica y estatal que, a juicio de Ricam, se empeñan en no coordinarse, introduciendo, si aún cabe, más incertidumbre e inseguridad jurídica para el sector.
El cluster insiste en que estos problemas terminan pasando factura a los ciudadanos y las empresas, que son los que soportan la ineficacia y las luchas partidistas. Ricam recuerda que los grandes problemas para la introducción de las renovables en Canarias son fundamentalmente dos: la falta de flexibilidad de los equipos de generación fósil, que impide penetraciones de renovables más allá del 30%, y la ausencia de planificación específica para cada sistema eléctrico insular.
La Asociación señala también que no se deben aplicar soluciones continentales en las Islas, por lo que se debe aumentar la flexibilidad en la generación convencional para ponerla al servicio de la tecnología más barata como es la renovable.
Finalmente, Ricam pide la modificación del decreto canario en los términos apuntados por el Ministerio de Industria, adecuándolo a la actual Ley del sector eléctrico, evitando un recurso de inconstitucionalidad que ahora mismo supone paralizar la tramitación de nuevas licencias e introduce, contra lo esperado por el Gobierno de Canarias, nuevas batallas judiciales.
El recurso del Ministerio implicará convocar una comisión bilateral Canarias-Estado previamente al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, lo que supondría cerrar esta legislatura autonómica sin un marco regulatorio definido y con elecciones generales en un horizonte cada vez más próximo.
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