FIRMAS

Votos endiablados. Por Ce Castro

En unos días se conmemorará el segundo aniversario del fallecimiento del escritor José Luis Sampedro, un nonagenario que logró desperezar muchas mentes adormiladas. Nos recordó durante su última etapa, junto a Stéphane Hessel, que sólo desde la indignación puede nacer la resistencia ante las realidades que no son justas. Su recuerdo se me presenta después de que el Parlamento canario haya aprobado sin consenso una nueva propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Ahora la pelota estará en el tejado de las Cortes. Veremos qué pasa, aunque poca confianza hay en que sea finalmente aprobada.

Esta libre asociación de ideas hunde sus raíces en que, una vez más, parece que se ha hurtado a la ciudadanía, ya no solo la capacidad de participar activamente en el proceso, sino también la de simplemente poder saber más acerca del ínclito documento. Prácticamente no ha habido debate y si lo ha habido no ha girado sobre los contenidos sino acerca de otras cuitas.

Los «dimes y diretes» de todos han ido encaminados a tirar barro sobre el adversario, perdiendo de este modo una oportunidad más de mejorar el Estatuto vigente. El documento salido de Teobaldo Power promueve por ejemplo que el cuestionado sistema electoral siga tal y como está, pero reduciendo unas inefables, por desorbitadas, barreras electorales. De este modo, los mismos que las subieron para quitarse de en medio a Izquierda Unida ahora las quieren devolver a donde estaban. También deja la puerta abierta a que se cree una circunscripción autonómica. Otra novedad de calado, es que se podrá disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Esto equipararía al Archipiélago con comunidades como Cataluña o Andalucía, «casi adictas» a esta prerrogativa.

Igual de interesante es la relación de derechos y deberes de los canarios. Si bien son en su mayoría similares a los contemplados en la Constitución, no es cuestión baladí para la ciudadanía que se repitan en este nonato documento. Así, se protege a menores y a mayores de forma explícita. A estos últimos se les garantiza una vida digna. También irrumpe con fuerza la igualdad y el reconocimiento de, entre otros, los derechos de orientación sexual, testamento vital o memoria histórica.

En el mismo apartado de derechos se incluye el derecho a una vivienda digna y se aclara que habrá una regulación del uso del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación. Asimismo, se introduce el concepto de derecho a una «renta de ciudadanía», que no es otra cosa sino tratar de garantizar unas condiciones de vida digna a aquellos que se encuentren en situación de exclusión social. Digno, digna, dignidad… Este término se repite hasta la saciedad.

La propuesta remitida al Congreso con los votos de CC y PSC-PSOE posiblemente sea muy mejorable y tenga puntos oscuros, pero el problema ha estado en que se ha hecho lo mismo de siempre. Mientras los papeles decían una cosa, los dirigentes políticos soflamaban otra; y entre trifulca y trifulca los ciudadanos se han quedado sin saber qué diablos han aprobado sus señorías.

 

 

 

 

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