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La fiscal Anticorrupción pide el sobreseimiento de todas las causas abiertas contra Clavijo

AGENCIAS.- La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha pedido el sobreseimiento y archivo de todas las causas abiertas contra el candidato de CC a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, en el denominado caso Corredor al no observar indicios de delito.

Al mismo tiempo, solicita la nulidad de las escuchas que se llevaron a cabo entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010 como consecuencia de la desaparición de la resolución judicial que autorizó dichas intervenciones telefónicas a varios de los imputados, entre ellos, el propio Clavijo.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal considera que las grabaciones de las escuchas al también alcalde de La Laguna son nulas porque se registraron sin cobertura legal, lo que ha obligado al juez César Romero Pamparacuatro, que instruía el caso, a retirarse del mismo.

Respecto a Fernando Clavijo, la fiscal María Farnés pide el sobreseimiento provisional de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos que pesaban sobre él por un supuesto trato de favor a propietarios de locales de ocio nocturno, y por la concesión de ayudas para el pago del alquiler al portavoz de los vecinos de Las Chumberas, Ricardo González, y a la concejal María José Castañeda.

En relación a la imputación por tráfico de influencias, reconoce que si bien hubo una reunión donde se dio a conocer que un policial local solicitaba dinero a los propietarios de locales ocio y que supuestamente había un acuerdo entre el Ayuntamiento y algunos propietarios para incumplir el horario de cierre, no queda acreditado que se concediera autorización alguna para que algunos pubs pudieran cerrar más tarde, ni tampoco que la asistencia de Clavijo a dicha reunión estuviera motivada por que fuera amigo de dichos propietarios.

Por otro lado, la fiscal sostiene que si bien Fernando Clavijo conocía que el denunciante era objeto de extorsión por parte de un policía local, también lo es que dio las órdenes oportunas al jefe de la Policía Local para que averiguara si dichos hechos eran ciertos. Y además, considera que no ha quedado acreditado la presunta extorsión llevada a cabo por dicho agente.

En cuanto al supuesto pacto entre las autoridades locales y diversos empresarios, María Farnés recoge en su escrito que este hecho no ha sido acreditado, y por tanto, no aprecia delitos de prevaricación, cohecho o negativa a promover la persecución de delitos.

Por último en relación al delito de prevaricación y malversación por las ayudas a González y Castañeda, la fiscal argumenta que, a pesar de la existencia de diversas conversaciones telefónicas que evidenciaban indicios de un posible delito, no parece que se haya producido ningún perjuicio para el Ayuntamiento de La Laguna.

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