El porcentaje de beneficiarios de prestaciones o subsidios de la Seguridad Social en materia de desempleo en Canarias ha caído doce puntos en los últimos ocho años. Si bien es cierto que ahora el número de personas que las perciben es mucho mayor que antes, también lo es que la proporción se ha reducido mucho, muchísimo. Mientras en enero de 2008, tenía derecho el 60,9 por ciento de los desempleados, actualmente la cifra sólo alcanza al 48,3 por ciento.
Estos números suponen que entonces los «desprotegidos» eran 58.175, y ahora el total se ha duplicado hasta las 134.371 personas. Quizá esta sentencia sea perfecta para un buen titular, el problema está en que la realidad que describe lo estropea severamente.
El empleo y, por tanto, también el desempleo se han convertido en moneda de cambio en un debate político de bajos vuelos, que sólo busca afear al contrario y evita poner soluciones reales o confiables sobre la mesa. Algunos aseguran que la tendencia ha cambiado y que los síntomas de recuperación se verán pronto, pero mientras tanto esto ocurre los ciudadanos se van quedando sin opciones. «Vuelva usted mañana, no reúne los requisitos, le falta un papel…»
Cabe preguntarse qué opciones le quedan a alguien a quien «a bocajarro» le dicen que por tener más de 55 años ya nunca volverá a encontrar un puesto de trabajo o a alguien con personas a su cargo que no reúne los requisitos para acceder a un subsidio de 400 euros.
Algunas mentes «preclaras» invitan a llegar a pactos «dejando a un lado las ideologías» para combatir el paro, olvidando torticeramente que en la ideología está la raíz de cada solución. Quién afirme que éstas no existen o pueden apartarse, no dice la verdad; y es que la forma de ver la vida y, por tanto, de actuar ante ella depende directamente de nuestro ideario.
En materia de empleo, mientras unos hablan de derechos otros lo quieren reducir todo a beneficencia. Este último punto de vista es muy peligroso, ya que se transmiten mensajes a la sociedad del tipo de que «hay mucho pícaro suelto que quiere vivir del cuento»; que el sistema no puede sostenerse; o incluso se llega a responsabilizar al débil de su situación. Y es aquí donde aparece la caridad para limpiar conciencias, pero también para dejar bien claro al pobre con quién se está en deuda tras el oportuno acto de filantropía.
Las organizaciones no gubernamentales pueden hacer lo que estimen oportuno en cuanto a beneficencia o caridad se refiere, pero los poderes públicos deben recordar lo que estipula la Constitución vigente al respecto. La Carta Magna les obliga en su artículo 41 a poner en marcha medidas que «garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo». Pues eso, más claro, agua. Aquí no debe hablarse de compasión por el necesitado, tiene que hablarse de un deber de las administraciones públicas, es decir, de nuestros gobiernos ante sus ciudadanos.
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