FIRMAS Marisol Ayala

El gobierno central quiere privatizar el Registro Civil. Por Marisol Ayala

La decisión afecta asimismo a Canarias. Para trámites referidos a nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas, cambios de nombre y otros deberá abonarse una cantidad económica.

El Gobierno central tiene intención de privatizar los registros civiles a partir de mediados de año, motivo por el que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Gasteiz defendieron una moción para que el servicio siga siendo público y gratuito para la ciudadanía. Argumentan PNV, PSE y EH Bildu que en el Registro Civil se inscriben los hechos esenciales que afectan a las personas a lo largo de su vida. Se anota su nacimiento, matrimonio, hijos y defunciones. También se tramitan expedientes que responden a necesidades que toda la ciudadanía puede tener en un momento de su vida: reconocimiento de paternidad o maternidad, adopción, reconocimiento de una incapacidad, tutelas, cambios de nombre, de apellido o de sexo. También la adquisición de una nacionalidad o la expedición de la fe de vida tan necesaria para los mayores a la hora de poder seguir cobrando pensiones, seguros o complementos privados, o de empresa. Por esa razón ha sido atendido desde siempre por funcionarios públicos que garantizan la privacidad de los datos, así como el acceso libre y gratuito a los legítimos interesados.

Trabajadores del Registro Civil de Las Palmas de GC

Trabajadores del Registro Civil de Las Palmas de GC

Y, ahora, “el Gobierno del PP pretende dejar en manos de intereses privados el Registro Civil mediante la entrega de la gestión a los registradores mercantiles, y pone en cuestión el mantenimiento de los Juzgados de Paz y de los actuales partidos judiciales”, denuncian.

La “contrarreforma” de la “reforma” de la Ley de Registro Civil 20/2011, de 21 de julio, está llamada a convertirse en el paradigma de la opacidad, fraude a los intereses de los ciudadanos y perversión de nuestra clase política en la privatización de servicios públicos. Nadie esperaba que una ley aprobada unánimemente por los grupos parlamentarios fuera objeto de profundas reformas unilaterales antes de su entrada en vigor, nadie excepto la asociación de usuarios de registros que anticipaba en junio de 2011 que Rajoy había votado con los dedos índice y medio cruzados, para –una vez alcanzado el poder– apropiarse del Registro Civil para sí, para sus hermanos y compañeros.

Para los trabajadores del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria “lo que estamos reivindicando es la privatización encubierta del Registro que quieren entregarles por completo a los Registradores: es una nueva agresión al ciudadano ya que sustraen un servicio público que se lo entregan a unos señores que cobrarán por todo aquello que ahora es gratuito. Se revelarán los datos de más personas e íntimos a manos privadas desapareciendo la historia de cada pueblo. El cabeza visible de la operación es Mariano Rajoy, registrador, que  lo considera una batalla personal”. Los trabajadores canarios comenzarán a movilizarse para evitar el objetivo del gobierno.

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