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El Defensor del Pueblo recibe más de 740 quejas procedentes de Canarias

AGENCIAS.- El Defensor del Pueblo recibió en 2014 un total de 746 quejas procedentes de Canarias, lo que supone un 17% más que en 2013, y 8 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, según consta en la memoria anual de esta institución, consultada por Europa Press, que recoge problemáticas relacionadas con la educación, el urbanismo o el acoso laboral.

Durante 2014, el Defensor del Pueblo recibió 226 expedientes de quejas por parte del Diputado del Común, un 0,9% más en comparación con el año anterior, y un expediente de solicitud de interposición de recurso ante el TC, tres menos que en 2013.

En el informe, el Defensor del Pueblo recoge una recomendación pendiente de contestación dirigida el pasado mes de diciembre a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias al constatar una “gran demora” en la valoración de la discapacidad.

En el caso analizado, esa demora (de 27 meses) había ocasionado que la persona dejara de cobrar una pensión de invalidez no contributiva (tenía 63 años en el momento de la petición), tras lo cual, habiendo cumplido la interesada los 65 años, ya no podía optar a una pensión no contributiva de jubilación, pues se trataba de una emigrante retornada y no acreditaba el requisito de completar 10 años de residencia en España.

El informe también se hace eco del colapso que sufren los registros civiles. En este sentido, los más afectados en Canarias son los de Arrecife, Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana y, muy especialmente, Puerto del Rosario.

Respecto al Plan intensivo para la tramitación de expedientes de nacionalidad (PIN), cuyo objetivo era agilizar la resolución de expedientes de nacionalidad que se hallaban pendientes de tramitación, el Defensor del Pueblo advierte que en las comunidades de Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y Valenciana no sólo no se ha conseguido el objetivo, sino que la agilidad en la resolución ha multiplicado el colapso de los registros civiles infradotados.

En estos casos, según el Defensor del Pueblo, no se han adoptado medidas suficientes para hacer frente a las necesidades del servicio, y eso ha redundado no sólo en el incremento de los tiempos de demora en los trámites de jura e inscripción, sino también en los de citación para presentar solicitudes y en los de notificación.

En referencia a la implantación de sistema de cita previa en registros civiles concretos e inaccesibilidad, el informe expone que han sido aceptadas en las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña, Madrid y Valenciana, aunque aún no se ha completado su implantación, y sólo Andalucía no lo ha implantado y ha rechazado la recomendación.

El Defensor del Pueblo también hace alusión al reconocimiento de exenciones a estudiantes procedentes de formación profesional. A este respecto, sólo las universidades dependientes de las comunidades de Castilla y León, Aragón, Canarias, Baleares y Castilla-La Mancha preveían la exención para los alumnos que obtuvieron matrícula de honor en bachillerato o formación profesional, mientras que las de las comunidades de Extremadura, Cantabria, Valencia, Navarra, País Vasco, Cataluña y Murcia se limitaban a aplicar esta exención a los alumnos de bachillerato.

Las materias agrupadas en el capítulo de política social suscitan en su conjunto una de las mayores cifras de quejas. Así, las administraciones con las que de manera más habitual se inician actuaciones son las Consejerías autonómicas con competencias en servicios sociales, especialmente las de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia y Región de Murcia.

Según el informe, la emisión de primeros requerimientos resulta muy habitual con la mayor parte de las administraciones; los segundos requerimientos pueden considerarse frecuentes, y respecto de la emisión de terceros requerimientos, a lo largo de 2014 se han cursado dieciséis, de los cuales diez están vinculados a expedientes sobre dependencia (4 tramitados con la Región de Murcia, 3 con Canarias, 2 con la Comunitat Valenciana y 1 con Andalucía).

Como continuación de las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo con relación a la pobreza y la nutrición infantil, en mayo de 2014 se formuló una recomendación a todas las comunidades para que se adoptaran las iniciativas necesarias para proporcionar o reforzar la alimentación de los niños en situación de mayor vulnerabilidad durante el periodo estival, utilizando para ello las instalaciones destinadas a la prestación del servicio de comedor escolar de los centros docentes que se determinen, de manera que se mantenga a los menores en su entorno social habitual.

A este respecto, las comunidades y ciudades que expresamente informaron de que han mantenido abiertos comedores escolares para los alumnos que ya tenían beca de comedor o los que pudieran necesitarlo en época estival son Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña y las ciudades autónomas.

Vivienda

En 2014 también se recibieron cerca de medio millar de quejas relacionadas con el derecho a la vivienda, entre ellas, algunas relacionadas con la supresión, retrasos e impago de ayudas públicas a la vivida, habiendo problemas graves en este sentido en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Canarias, así como en la Comunidad Valenciana.

También han sido relevantes las numerosas quejas por impago de las ayudas reconocidas de acuerdo con los planes autonómicos de vivienda, señaladamente en las Comunidades Valenciana, Andalucía y Canarias.

En otro orden de cosas, el Defensor del Pueblo resalta el compromiso de las administraciones de Andalucía, Galicia, Baleares y País Vasco en fomentar el procedimiento para posibilitar la acreditación de distintas competencias profesionales. Por el contrario, censura el insuficiente esfuerzo realizado por otras administraciones durante este año, como son Canarias, Cantabria y Extremadura.

Asimismo, cita las quejas tramitadas ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, todas ellas relativas a la tardanza en la resolución de un proceso selectivo derivado de la oferta de empleo público del año 2007, para el acceso a diversas categorías de personal estatutario fijo con destino al Servicio Canario de Salud, iniciado en el año 2012, que hasta la fecha no ha concluido mediante la asignación de las plazas a los candidatos seleccionados.

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