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El PP y los Cabildos. Por Antonio Alarcó

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Los Cabildos Insulares son administraciones singulares, diferentes y con una relevancia política importantísima para nuestro Archipiélago, recogida en la Constitución, cuya naturaleza debe ser tomada en consideración y que han contado, cuentan y contarán con todo el respaldo y el apoyo del Partido Popular.

De hecho, hace dos años conmemoramos sus primeros cien años de vigencia y fueron numerosos los actos institucionales celebrados en las siete Islas, a los que se sumó el Parlamento de Canarias con la aprobación de una proposición no de ley en la que pedía al Gobierno autonómico que impulsara iniciativas educativas y culturales dirigidas a divulgar y reflexionar sobre el papel trascendental de los Cabildos.

A petición nuestra, también el Senado realizó una declaración institucional que contó con la adhesión de todos los grupos parlamentarios reconociendo la importancia de estas administraciones públicas en el marco de nuestra Carta Magna y el Estado de Derecho, garantes del orden y el bienestar de los ciudadanos.

Sólo basta echar un ojo a las hemerotecas para comprobar que siempre hemos defendido la historia y el significado de estas instituciones, porque creemos que no hay otra realidad jurídica que refleje con tanta precisión nuestra identidad insular, amén de revelarse como una fórmula de gobierno perfecta, en coordinación con los ayuntamientos, para la idiosincrasia de Canarias.

Es más, como presidente-portavoz del Grupo Popular del Cabildo de Tenerife he tenido el honor de intervenir en todas la Intermunicipales que el Partido Popular ha celebrado este año, primero en Valencia y después en Murcia, un claro ejemplo de que estas corporaciones insulares están presentes en nuestra agenda y, por tanto, tienen voz propia.

No en vano, la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local le dedica un apartado específico, y consagra a los Cabildos como instituciones políticas y socioeconómicas, llamadas a tener más protagonismo si cabe, y capaces de defender las peculiaridades de nuestras islas. Por eso, debemos dotarlas de autonomía, independencia, capacidad de gestión y competencias propias bien definidas, colocando las impropias en su sitio.

Esto permitirá un mayor margen de maniobra y otorgará a estas Corporaciones una relevancia que hasta ahora no tenían en el marco de la normativa, a la par que se les reconoce el ejercicio de funciones propias, así como las que pueden ser transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma, y las de colaboración en el desarrollo y la ejecución de acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias en los términos que establezcan las leyes.

Precisamente, el Gobierno regional presentó en octubre una propuesta legislativa de reforma de Cabildos y Ayuntamientos, que si bien defendemos en el fondo no ha sido así en las formas, tal y como ya han expresado nuestros compañeros en el Parlamento de Canarias Asier Antona y Emilio Moreno.

El PP tiene muy claro que respaldará una buena reforma, que clarifique las competencias bajo el principio una función una administración, y que adecue las estructuras haciéndolas más eficientes y controle el gasto para garantizar la suficiencia financiera. De hecho, la normativa básica estatal exige que la legislación que afecta al ámbito competencial de las corporaciones locales se acompañe de una memoria económica y de una propuesta concreta de dotación de recursos.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha pasado estas obligaciones legales por alto, olvidándose de los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera, volviendo así a las malas costumbres de anunciar en el discurso la ampliación de competencias a los Cabildos y ayuntamientos para acallar las críticas, pero no aclarar en el papel cómo se financiarán.

Llueve sobre mojado, pues lo único que propone el Gobierno de Paulino Rivero es una declaración de intenciones pero sin ningún tipo de compromiso. Algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. Pese a ello, el Partido Popular ha dejado muy claro su postura. No podemos ni debemos asumir esta reforma.

Aun así, y tal y como ha expresado nuestro parlamentario Emilio Moreno, nosotros mantenemos la esperanza de que el Ejecutivo Regional elabore una ley que de verdad atienda a las necesidades de los cabildos y los ciudadanos. Cuando esto suceda tendrán nuestro apoyo porque el futuro de nuestras Islas es lo único que nos mueve.

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