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El Gobierno aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria

Elblogoferoz.-El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto por el que se aprueba el Estatuto que regulará la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Agencia Tributaria Canaria, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero. Ampliar foto En rueda de prensa, Marín Marrero recordó que la Agencia «tiene como misión hacer efectivo el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la Comunidad Autónoma de acuerdo con su capacidad económica mediante el sistema tributario canario». Dentro de sus funciones, añadió, se encuentra la aplicación de los tributos del sistema tributario canario, la inspección tributaria y la lucha contra el fraude fiscal, así como la recaudación tributaria y no tributaria.

El portavoz recordó que el sistema tributario canario lo componen los tributos propios de la Comunidad Autónoma, los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, los tributos estatales cuya aplicación hubiera sido cedida por el Estado y los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado. De igual forma, agregó que el Estatuto aprobado hoy contempla también la estructura orgánica de la Agencia y los medios personales, materiales y económico-financieros y patrimonio que se le adscriben. Así, son órganos de la Agencia: la Presidencia, que la ostentará el consejero; la Dirección, que es el órgano ejecutivo; el Consejo Rector, que será el órgano colegiado de dirección; el Consejo para la Dirección y Coordinación de la gestión de los tributos integrantes del bloque de financiación canario, en el que se incluye un representante por cada cabildo y dos por la Fecam, y el Comité asesor.

Recurso contra la Ley de Acción Exterior

Por otra parte, el Gobierno de Canarias acordó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, al considerar que se limitan las competencias de la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, recordó que las comunidades autónomas «tienen reconocido un cierto margen de proyección de competencias en el exterior de sus territorios sin que la competencia en materia de relaciones internacionales faculte al Estado para asumir competencias en aquellos sectores de actividad en que no las tiene en el orden interno».

Precisó que existen una sentencia de 1989 del Tribunal Constitucional en la que se establece que la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales no es equiparable con todo tipo de actividad con alcance o proyección exterior. Y existe otra sentencia de 1993 que incide en la misma cuestión.

«Por eso el Gobierno de Canarias considera que el planteamiento de la ley es radicalmente opuesto a estas consideraciones, desde su propia concepción a cualquiera de sus determinaciones», comentó el portavoz.

Marrero incidió en que la Comunidad Autónoma «tiene una relación especial con la Unión Europea por su carácter de región ultraperiférica y cuenta con políticas singulares, lo que implica la necesidad y la conveniencia de una conexión fluida de la que depende el éxito de los instrumentos de desarrollo económico y social de las islas».

En relación a lo que el Gobierno del Estado denomina en su ley «oficinas» de las comunidades autónomas en el exterior, el Ejecutivo autónomo considera «llamativo» que se prevean dos informes para la apertura de estas oficinas, uno del Ministerio de Asuntos Exteriores y otro del Ministerio de Hacienda.

Según el portavoz, esto viene a suponer que «implícitamente» se reconoce la legitimidad de las comunidades autónomas para tener oficinas en el exterior, pero se somete la creación de éstas a una intervención estatal vinculada a los intereses de la Administración del Estado, que de esta manera se superponen una vez más a los de las comunidades autónomas. «Constituye, en definitiva, un control tutelar al ejercicio de las competencias autonómicas que no consideramos justificado», concluyó

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