FIRMAS

El bar de Pepe. Mafia institucional. Por Joaquín Hernández

Quien piense que eso es cuestión del Ayuntamiento, del Gobierno Autónomo, del Cabildo o el Gobierno Central, se equivoca gravemente.

Quien crea que el asunto de la privatización de la empresa municipal de abastecimiento de agua (EMMASA) no le compete es un inconsciente.

El Ayuntamiento, presidido por aquellos tiempos por el Alcalde sentenciado como prevaricador e imputado en diversas causas abiertas, la más importante el asunto de la playa de Las Teresitas, Miguel Zerolo, con el acuerdo de la mayoría de los partidos Psoe y PP, los otros poco importaban, logaron la aprobación para la venta a cambio de 54 millones de euros la empresa EMMASA al grupo SACYR.

Los concejales de la oposición Ángel Isidro Guimerá y Guillermo Guigou  -ex dirigentes del ultraconservador Partido Popular –  hablaron públicamente de cobro de comisiones ilegales desde los primeros momentos del proceso de privatización. Aunque Zerolo amenazó con querellarse contra ellos, nunca lo hizo.

No fue esa, en cualquier caso, la única secuencia relacionada con el presunto delito.

En  2007, el interventor del ayuntamiento, Rojo Garnica, reconocía por escrito haber recibido “presiones” de funcionarios de esta institución para que emitiera un informe favorable a la privatización, respondiendo a una pregunta formulada por el abogado y dirigente de IU José Pérez Ventura en nombre de varios colectivos vecinales.

En el año 2011, tras el pacto de gobierno suscrito en Sta. Cruz de Tenerife entre CC y PSOE, fue nombrado como presidente de la privatizada EMMASA el “socialista” Julio Pérez.

El entonces teniente de alcalde de Sta. Cruz, que saltara a la fama cuando los cables de WikiLeaks desvelaron que, mientras ejercía como secretario de Estado de Justicia, colaboró con la embajada de EE.UU. para enterrar la investigación sobre José Couso,  el cameraman asesinado en Irak por el ejército de ese país. 

La mierda ya olía hasta Cádiz cuando se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para impugnar el proceso privatizador de EMMASA.  Siendo declarado contrato nulo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Canarias, el Consistorio tinerfeño acudió al Tribunal Supremo al entender que la sentencia acordada por el TSC podía suponer un perjuicio para el interés general. En noviembre del año 2012 el Tribunal Supremo confirmó la anulación del contrato de privatización de EMMASA con la empresa SACYR.

El caso es que en la actualidad, dos años después de la sentencia del TS, seguimos consumiendo agua de tan baja calidad que muchos creemos que nos la sirven de la depuradora de aguas residuales a precios desorbitados.

Podemos presumir de ser los ciudadanos del Estado Español que el olor apestado del líquido elemento y el sabor nauseabundo del agua que consumimos lo pagamos a precio de oro.

La corrupción manifiesta en todos los actos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llega al esperpento, en la actualidad sucede más de lo mismo, parece como querer mirar al ombligo sin hacer caso a la evidencia, sin querer arreglar los problemas de una institución podrida por tanto mangante que habitó y habita en las dependencias municipales. Hasta tal punto llega el desorden, el caos y la cohabitación con los grupos mafiosos que ante toda esta maraña de mierda no han tenido más remedio que solicitar una auditoría externa a la empresa abastecedora de aguas, antigua joya de la corona municipal, para comprobar lo que ya era vox populi, la presunta estafa del EMMASA al pueblo santacrucero. El resultado parece que ha asombrado al edil delegado en la empresa de aguas, pero no al resto de los chicharreros que estábamos hartos de estar hartos de sufrir el robo legalizado de pagar el agua más asquerosa al precio más caro de España.

Curioso es observar que en el año 2006 SACYR se hizo cargo de EMMASA con un superávit de más de un millón de euros y en el 2008 la empresa tuvo pérdidas estimadas en más de 2.5 millones de euros. El caso es, como explica J.M. Corrales y el abogado Felipe Campos, autores de la denuncia ante el fiscal anti corrupción por presunta estafa a EMMASA/SACYR, que tenían que invertir en obras e infraestructuras desde el 2006 al 2014 unos 200 millones de euros y sólo han invertido, según los auditores, 13.5 millones de euros lo que significa un presunto fraude de más del 93%.

Asquerosamente increíble; que nuestro Ayuntamiento no controle un tema tan importante como el control de nuestra salud, de la salud pública y que deje en manos de una presunta empresa fraudulenta el abastecimiento de agua potable a la ciudad, es tan denunciable en los Juzgados de Guardia como la denuncia que han presentado Corrales y Campos ante el Fiscal Anti Corrupción.

Esperaba más de Bermúdez, aposté por él y perdí, debería no ser tan incauto y llevarme menos por la intuición y más por los hechos, al fin y al cabo todos son de la misma escuela, tanto montaba Zerolo como monta tanto Bermúdez.

 

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