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Alcaldes: una negativa previsible. Por Salvador García Llanos

Era previsible la negativa. Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprovechó su primer contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para expresarle la oposición socialista al propósito -lanzado como un globo sonda- de elegir directamente a los alcaldes. Tras los titubeos iniciales, registrados además en esas transiciones que los partidos tienen de vez en cuando y en las que resulta muy complicada la fijación de posiciones y no digamos la toma de decisiones, y prácticamente descubiertas las intenciones del Partido Popular, el ‘no’ del PSOE estaba cantado.
 
A menos de un año ya para las elecciones autonómicas y locales, una medida de ese calado debe contar con un mínimo consenso. No parece que sea esa la tónica; de hecho, la intención del presidente del Gobierno se ha ido diluyendo hasta en los mismos medios de comunicación, posiblemente ante la dimensión cobrada por otros asuntos públicos de mayor trascendencia.


El partido gubernamental debe disponer de encuestas en las que se advierte del previsible retroceso electoral, aun cuando desde el ejecutivo se insista en un discurso de recuperación económica que no termina de mitigar el malestar y la incredulidad del personal. Al PSOE le ocurrió igual después de las medidas que hubo de poner en marcha Rodríguez Zapatero cuando la crisis ya se descarnaba. Presidentes autonómicos y alcaldes de grandes, medianas y pequeñas ciudades tuvieron claro que habrían de lidiar con un descontento creciente. El resultado ya se conoce.


De modo que el PP, para salvar alcaldías, parece optar por una fórmula a la que se negó en su día pero que, con el paso del tiempo y a tenor de las circunstancias, pudiera ser, cuando menos, objeto de estudio y debate. Pero la fórmula no se puede despachar en una declaración de intenciones contextualizadas en un proceso de regeneración democrática. Porque requiere de modificaciones legislativas sustantivas y porque precisa de la más amplia base posible de consenso político. El partido gubernamental, además, se ve pillado en su jugada: ni una sola referencia a tal hecho en la vigente Ley de Racionalización y Sostenibilidad, severamente criticada por el Consejo de Estado y recurrida por muchos actores políticos e institucionales ante el Tribunal Constitucional.


Era consecuente pues la negativa de Sánchez: hay mucho de interés partidista y de electoralismo en esa iniciativa. El municipalismo tiene también mucho que decir pues de prosperar esta fórmula se pasaría de una órbita de pactos, ententes y alianzas, derivada de la expresión de la voluntad popular, a otra más presidencialista y de concesión extraordinaria de facultades decisorias “para el más votado”.


No está nada claro, desde luego, que sea mejor y más operativa. Ni más democrática.

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