Elblogoferoz/Fotos: Acavite.- No es fácil reunir en un mismo recinto a todas las víctimas del terrorismo. El décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, logró que Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, y Ángeles Pedraza, de la AVT, aparcaran sus diferencias y acudieran juntas, por primera vez, a la misa homenaje que se celebró en la catedral de la Almudena. Felipe VI también lo ha logrado. Quería que su primer acto como Jefe del Estado, fuera con quienes han sufrido el zarpazo del terror, en cualquiera de sus variantes, y convocó, a través del Ministerio del Interior, a todas las asociaciones más representativas en el Palacio de Zurbano, para un encuentro a puerta cerrada, sin los rigores del protocolo. También estuvo presente en este primer acto oficial con la sociedad civil del nuevo Rey Felipe VI y la Reina Letizia, la presidenta-fundadora de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, Lucía Jiménez, quien aglutina a 300 víctimas del terrorismo perpetrado por el Frente Polisario y del Movimiento Independentista del MPIAC, y Eta.
Interés del Rey por los atentados terroristas perpetrados Frente Polisario y el MPIAC
Lucía Jiménez departió con los Monarcas un buen rato de forma cariñosa y cercana, preguntándole directamente el Rey “por los pormenores, recuerdos, la perversa justificación romántica,que han gozado los asesinos de las familias canarias por las instituciones y la opinión pública.” Además se interesó de forma directa por “el abandono sufrido por las familias isleñas afectadas tras 38 años de olvido y desprotección, tras los asesinatos por las bombas en la antigua empresa española-marroquí- de Foss-Bucraá, Aaiún, antiguo Sáhara español, –en aquel momento con el compromiso de protección para los operarios españoles para que no sufrieran atentados del Frente Polisario en el antiguo Sáhara español-“. También se interesó por los secuestros, asesinados, heridos y desaparecidos de los marineros que faenaban en los caladeros de pesca canario-africanos, en la década de los 70 y 80, y que fueron “abandonados a su suerte por los sucesivos gobiernos democráticos, y la Justicia española”, ante los atentados cometidos por el Frente Polisario y el MPIAC, como fue la bomba que explotó en 1977, en la floristería del aeropuerto de Gando, Gran Canaria, en 1977”.
También preguntó por el “número de familias y atentados ya reconocidos oficialmente por el Estado, el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional”, tras la creación de Acavite en el 2007, por parte de la profesora de universidad y periodista, Lucía Jiménez (hija de un trabajador de las minas de fosfatos de Foss-Bucraá, que resultó gravemente herido y posteriormente fallecido por las secuelas, tras el atentado de bomba, ocurrido el 10 de enero de 1976, junto con otro compañero, que también fue asesinado en el acto). Además fijó su interés, “por si las víctimas canarias afectadas por estos atentados, habían tenido un Acto de Reconocimiento de Honores y Condecoraciones”. Acto que según parece, aún “se está a la espera” de su celebración por parte del Estado. Y por la respuesta del Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ante la nueva Ley Canaria de Víctimas del Terrorismo propuesta por Acavite a todos los partidos políticos del Parlamento canario, y que aún no ha visto la luz, “pese a la promesas reiteradas”.
Muchas víctimas del terrorismo de diferentes grupos y bandas armadas de Eta, Grapo, 11M, y del Frente Polisario, también hicieron saber al Monarca, “la necesidad de modificar cuanto antes el Congreso de los Diputados y el Gobierno, la actual Ley 29/11 y su Reglamento reciente, puesto que no da respuesta verdadera y de forma equitativa a los familiares directos, porque ha agrandado las diferencias indemnizatorias entre algunas víctimas, en función de si tienen, o no, sentencia judicial o resolución administrativa. Así como una eficaz y real cobertura de ayudas de toda índole para paliar las necesidades y empobrecimiento detectado de los familiares directos de víctimas del terrorismo, como es el caso de Canarias y algunas de Eta (reserva laboral y de cupo de empleo obligatorio de en función pública, educativa, vivienda, médicas, legales, ayudas, etc, dirigidas exclusivamente a los familiares y afectados de quienes sufrieron los atentados, y que actualmente no se recoge”, le comentaron. En la actualidad, “más de 600 víctimas del terrorismo de toda España; 300 víctimas del terrorismo del Frente Polisario, y otras 300 de Eta, no han tenido juicios, ni su asesinos han sido detenidos de oficio, o puestos a disposición de la Justicia, por parte de la Audiencia Nacional, o la Fiscalía General de Estado”. Las familias de estas 600 víctimas del terrorismo exigen a la imprescriptibilidad legal de los atentados cometidos por todas las bandas y grupos armados que desgraciadamente, ha padecidoeste país. “Y que puedan ser juzgados”, apostillan.
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