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Santa Cruz evita ocupaciones irregulares de viviendas

Elblogoferoz.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa con la línea de  trabajo consistente en encontrar alternativas a las familias que actualmente residen en viviendas municipales de forma ilegal. La finalidad no es otra que lograr que acepten un alquiler social siguiendo así con la línea marcada por el equipo de gobierno, de encontrar una solución a través del diálogo y ofreciendo alternativas alojativas.

El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y Viviendas Municipales han estado trabajado conjuntamente para convencer a estas familias con el objetivo de que el desalojo fuera voluntario y evitar la vía judicial. Las tres últimas familias que han aceptado el alquiler social, se suman a otras seis que ya han abandonado las viviendas con el objetivo de que sean las adjudicatarias las que puedan habitarlas.

Las últimas familias que han aceptado el alquiler social, se suman a otras que ya han abandonado las viviendas con el objetivo de que sean las adjudicatarias las que puedan habitarlas

La concejala de Viviendas Municipales, Ángela Mena señaló que “lamentablemente algunas familias ocupan viviendas pero lo que siempre hemos hecho desde el Ayuntamiento es negociar con ellas, dándoles alternativas que solucionen su problema de alojamiento con diálogo”. Mena afirmó que “se trata de una forma dialogante de actuar que siempre se ha mantenido en el ámbito privado ya que lo que buscamos es ayudar a las familias porque no es buena la exposición pública, ni la politización de los problemas personales”.

Por su parte la responsable del IMAS, Alicia Álvarez, afirmó que “lo que hacemos es poner al servicio de las personas con dificultades un conjunto de prestaciones, para que puedan optar a una vivienda digna y normalizar así su situación”

El objetivo del equipo de gobierno municipal es seguir trabajando con las familias, desde el respeto, sin intervención policial ofreciendo opciones alojativas a aquellas que aún siguen ocupando las mismas de modo ilegal.

Desde el Ayuntamiento se asegura que el apoyo municipal que se presta a estas personas es el mismo que se ofrece a cualquier vecino, sin ser excepcional por el hecho de que estén en la actualidad ocupando una vivienda, con el objetivo de favorecer a las familias que lleva años como demandantes.

La última opción  contemplada por el Consistorio, tras dar por acabada la vía del diálogo y no ser posible un acuerdo entre ambas partes, es acudir a la vía judicial ya que corresponde al Ayuntamiento la obligación de hacer cumplir la norma, una cuestión que se trata de evitar a través del trabajo de negociación anteriormente planteado.

El Ayuntamiento cuenta con 1.400 viviendas de promoción pública ocupadas por otras tantas familias de la capital, la gran mayoría en régimen de alquiler, con precios sociales.

 

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