FIRMAS

Del Medio Ambiente a un cuarto. Por Rafael Rodríguez Santana

El día 5 de junio, el Gobierno de Canarias “celebra” el Día Mundial del Medio Ambiente. Cada nuevo año, un poco menos.

El sector medioambiental de la Administración General de la Comunidad Autónoma se enfrenta a un momento crítico para su supervivencia, si es que tal cosa le interesa a alguien. El área comprendida por la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, ha pasado de gestionar 116’2 millones de euros en 2008, a 10’8 millones en 2014 (el recorte ha sido del 90%). Por otro lado, sin contabilizar las jubilaciones previstas, actualmente el 43% de los puestos funcionarios técnicos se encuentra vacante, afectando a la cobertura de las jefaturas, lo que redunda negativamente en la eficacia del servicio público.

Pero la crisis económico-social sólo ha venido a favorecer los efectos de un proceso de desbarajustes, ejecutados tiempo atrás por los Gobiernos de coalición de nacionalistas y populares, para mermar la administración pública de los bienes ambientales de Canarias. Sobre este proceso se superponen dos factores que pesan como una losa sobre los trabajadores y trabajadoras del área de Medio Ambiente del Gobierno.

Primero, la idea políticamente proyectada que el Medio Ambiente es un obstáculo para el desarrollo, llegando incluso a la descalificación y desprotección de los técnicos por los propios responsables del área (Domingo Berriel en grabaciones del caso góndola, 2008). A pesar de ello, la realidad se impone. Más del 90% de los expedientes de autorizaciones y evaluaciones ambientales se resuelven favorablemente para los interesados. Casos puntuales aparte, ambientalmente difíciles de encajar, el problema general radica en la incapacidad material y humana de resolver con celeridad, frente a un complejo sistema de procedimientos y competencias. Solucionar esto, es una responsabilidad política: dotar de presupuesto, cubrir adecuadamente la plantilla, crear mecanismos eficaces de coordinación interdepartamental e interadministrativa, simplificar racionalmente (pero con sensibilidad ambiental) buena parte de los procedimientos y, sobretodo, concernirse con la materia y con sus trabajadores.

El segundo factor radica en la ausencia absoluta en los partidos políticos mayoritarios de un proyecto para el medio ambiente y el desarrollo sostenible de Canarias. Ello se ha traducido en la ausencia de liderazgo y capacidad en los responsables públicos designados para gestionar el área medioambiental del Gobierno. Salvo excepciones muy concretas, desde hace mucho tiempo se aplica con precisión la ley de Murphy, resultando: si un responsable de medio ambiente es malo, el siguiente será peor.

La adscripción en 2011 del área de medio ambiente a un nuevo socio en la coalición de gobierno (Partido Socialista Canario), tras dos décadas de ausencia en el poder regional, cuanto menos, despertó curiosidad. A pesar que el programa electoral socialista no contuviese ni un solo compromiso medioambiental, el acuerdo de gobernabilidad con Coalición Canaria incluía, al menos, la aprobación de las leyes de protección del medio marino y de parques nacionales, completar los planes de recuperación de las especies vulnerables y en peligro de extinción, e implantar la Estrategia de Cambio Climático, consolidando la Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. En una de sus primeras comparecencias parlamentarias, el Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, anunció además la creación de un Consejo asesor de medio ambiente y la redacción de tres nuevas leyes, sobre biodiversidad, montes y residuos.

Sin embargo, la primera decisión conjunta de socialistas y nacionalistas fue un indicador temprano de las verdaderas intenciones del Gobierno: la separación de las áreas de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio en distintas Consejerías y la dilución de la primera en la mastodóntica Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. La sustitución de Medio Ambiente por Sostenibilidad inauguró una etapa de invisibilidad institucional, hasta ahora inédita para la plantilla, marcada por la indiferencia del Consejero José Miguel Pérez y el desinterés de su Viceconsejera de Medio Ambiente, Guacimara Medina.

El segundo paso, amparado en los recortes, fue la supresión de la Agencia de Desarrollo Sostenible, perdiendo la oportunidad (aplicando un auténtico ahorro) de aglutinar bajo un sólo alto cargo, un organismo autónomo que concentrase las competencias medioambientales, sancionadoras y de sostenibilidad y cambio climático.

Entramos en el último año de la legislatura y no se va a cumplir una sola de las promesas, de los compromisos y de los acuerdos. Ni uno. Junto a sus socios, los socialistas canarios tienen ya en su haber la incorporación de nuevos hitos en el desmantelamiento de la administración regional del medio ambiente.

La única iniciativa en tramitación, de carácter “medioambiental”, es una auténtica desamortización ambiental, eufemísticamente denominada como Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y los recursos naturales. El Gobierno pretende que el Parlamento reduzca la capacidad supervisora de la Viceconsejería de Medio Ambiente, a través de tres mecanismos:

– Trasladando parte de esa capacidad a la COTMAC, órgano político de evidente afinidad por los asuntos urbanísticos y territoriales.
– Considerando a las empresas públicas como medios propios, permitiendo así puentear los servicios de la propia administración.
– Privatizando el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental. Permitiendo a los promotores que recurran a empresas privadas que ¡redactarán las autorizaciones y verificarán su cumplimiento!. Eso sí, se mantendrá el servicio público para garantizar una modalidad para pobres.

Blanco y en botella. La Viceconsejería de Medio Ambiente tiene los días contados. Es más, mediado el mes de mayo, el consejero José Miguel Pérez ordenó el traslado a otras dependencias de buena parte del personal que desempeñaba para la misma funciones auxiliares como el registro, contratación, archivo e informática.

En estos días, con motivo de la autorización estatal a las prospecciones petrolíferas frente a nuestras costas, Ana Oramas (diputada por CC en el Congreso) citaba en los medios a Ortega y Gasset para acusar a otros de infidelidad a sí mismos, a su tierra y a sus ciudadanos. Y es cierto. Un Gobierno de Canarias medioambientalmente débil, reaccionario también en sus actuaciones, infiel a sus propias promesas y compromisos; ha perdido en nombre de Canarias la autoridad moral y la capacidad política para defendernos frente a aquellos que, desde fuera, pero también desde dentro, facilitan expoliar a cualquier precio los recursos naturales, en perjuicio de la mayoría de los canarios y las canarias, presentes y futuras.

 

 

*Rafael Rodríguez Santana, presidente del Comité de Empresa de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias

 

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