El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite, días pasados, nueve recursos contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El procedimiento seguirá con la remisión de tales recursos a Congreso, Senado y Gobierno que disponen de quince días para personarse y presentar alegaciones. El alto tribunal resolverá cuando las conozca.
Habrá que aguardar hasta entonces para saber qué suerte corre esta norma que no gustaba ni a los alcaldes del PP. Será conveniente entonces mantener la cautela pero es significativo que las acciones emprendidas por cuatro gobiernos autonómicos (Andalucía, Asturias, Catalunya y Canarias), tres parlamentos de comunidades y varios partidos de la oposición, hayan superado ese primer corte de una tramitación que se desarrollará durante la recta final de legislatura y mandato, lo que no deja de ser un condicionante. Seguro que hay una cierta convergencia de elementos y razones en los recursos admitidos y eso, a priori, también puede conferir una cierta celeridad en el procedimiento. Pero, insistiendo, no hay que precipitarse.
Ya se verá, por ejemplo, si las tesis esgrimidas en su momento por el Consejo de Estado son asumidas por el TC. El Consejo, en efecto, estuvo muy crítico con algunos aspectos del texto articulado al entender que se vulneraba la autonomía local y no se aportaba una solución estable y equilibrada a la financiación. Los municipalistas, después de ver fracasados sus intentos de negociar y consensuar algunas materias, llegaron a afirmar que la norma constituía uno de los mayores ataques sufridos por la democracia desde su recuperación en nuestro país. Algunos alcaldes del Partido Popular (PP) también se quejaron de determinados enfoques de esta reforma del régimen local.
La ley entró en vigor el último día del pasado año. Ya había prisas en los promotores, conscientes de que la proximidad a fechas electorales (ya se ha cubierto una de ellas) así como las mismas apreciaciones del Consejo de Estado iban a resultar un factor negativo y de que el paso por el Constitucional era inevitable. En los primeros meses de aplicación se ha podido contrastar una especie de caos, como lo prueba que Galicia, gobernada por el PP, llegase a aprobar una ley ¡para interpretar esta reforma! El vacío y la confusión en numerosos ayuntamientos obligaron a otros gobiernos de comunidades autónomas a adoptar medidas transitorias para evitar situaciones de bloqueo a las que no han sido ajenos cuerpos de técnicos y funcionarios.
El daño a la autonomía municipal y al gobierno local, principalmente sustanciado con el recorte de competencias, la práctica desaparición de los servicios sociales y la puerta abierta a la privatización de los servicios básicos son hechos que lesionan la misma capacidad de gestión de las instituciones locales.
El Constitucional, desde luego, tiene trabajo. Y a la espera de su resolución -tiene particular y especial interés qué hará con la disposición que hace descansar en la Comisión de Gobierno la toma decisiones en el ámbito económico-financiero del Ayuntamiento, excluyendo, por tanto al pleno hasta de tareas fiscalizadoras-, seguirán navegando las administraciones locales con un lastre de incertidumbre de aquí te espero.
Ojalá no repercuta ni en el funcionamiento de las mismas ni en los ciudadanos.
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