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Blasco, condenado a 8 años de prisión por malversar ayudas de cooperación

AGENCIAS.– El ex conseller y ex portavoz del PP en las Corts y actualmente diputado No Adscrito, Rafael Blasco, ha decidido presentar «de manera inmediata» su dimisión como parlamentario en las Corts Valencianes, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana  (TSJCV) por el ‘caso Cooperación’, que le condena a ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por malversar con ayudas destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua.

Según han informado a Europa Press fuentes próximas a Blasco, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía considera que el fallo del tribunal es «profundamente injusto» y por ello, de común acuerdo con su defensa han decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

De esta manera, ha expresado su confianza en que «al final se demuestre su inocencia» de la cual está «absolutamente convencido». De hecho Rafael Blasco mantuvo su inocencia a lo largo de toda la instrucción y hasta el último día del juicio, en el que hizo uso de su última palabra para defender que «siempre» había estado al lado de la ley.

Sentencia

El ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía y actual diputado No Adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, ha sido condenado a ocho años de prisión por dirigir el desvío de ayudas en proyectos de cooperación. Con su intervención y sus órdenes a subordinados favoreció al cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, y evitó que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.

De esta forma, la mayoría del dinero se destinó a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia, así como a acondicionar los mismos hasta su «completo equipamiento», con la instalación de seguros, alarmas, red informática y rótulos, llegando a incluir hasta los elementos más básicos como pueden ser extintores, sellos de caucho, numeradores, tarjetas y pañuelos ‘tissues’.

Así de contundente se ha mostrado el tribunal que juzgó a Blasco y a otros ocho acusados más por la pieza primera del ‘caso Cooperación’, en la que se han juzgado presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes, dirigida por Marcial López, en el año 2008.

El tribunal considera que Blasco, quien dirigió diferentes consejerías cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat, cometió un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, por lo que le condena a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.

Pero el tribunal aclara en su sentencia –de 273 páginas y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo (TS)– que Blasco no actuó solo, y que tiene una responsabilidad similar Augusto César Tauroni, único en prisión por esta causa, por lo que le fija la misma pena pero como cooperador necesario de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsificación y de malversación.

Así mismo, el tribunal, quien describe los hechos como una «completa aberración», determina otras penas algo inferiores para la excúpula del departamento y otros dos empresarios. En concreto, condena a la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación; y el exsubsecretario Alexandre Català cumplirá cuatro años, seis meses y un día de cárcel; al igual que el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.

Por su parte, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, es de tres años de cárcel; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, de cuatro años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, tres años y seis meses. El único de los procesados que no tiene pena de cárcel es el ex director general Josep María Felip, a quien se le han impuesto siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Además, el tribunal condena a Tauroni, López y Cervera a pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe defraudado, es decir, de 1.784.840 euros, y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación Cyes.

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