AGENCIAS.- La Policía revisará cada cuatro meses los expedientes de las víctimas de violencia de género de las que inicialmente no se hubiera apreciado riesgo para comprobar que la situación sigue siendo de baja peligrosidad para ella o, si por contra, ha empeorado.
Esta es una de las principales propuestas que lleva el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a la reunión con el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y la de Sanidad, Ana Mato, que se celebró ayer para aunar posturas en el refuerzo de la lucha contra la violencia sobre las mujeres.
Al cierre del mes de febrero figuraban 30.388 mujeres dentro del sistema de vigilancia policial de violencia de género (Viogen) en la categoría de «riesgo no apreciado» frente a 11.724 casos en los que las fuerzas policiales sí habían advertido peligro, bajo (9.541), medio (2.091), alto (88) o extremo (4).
Según las instrucciones derivadas de la Ley de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género, los casos de nivel extremo de riesgo se revisan cada 72 horas, los de nivel alto, cada siete días; los de nivel medio cada 30 días y los de bajo, cada sesenta. Para cada una de estas categorías se establecen servicios que es obligatorio prestar a la víctima, como un sistema telefónico 24 horas disponible o vigilancia policial ocasional o permanente.
Sin embargo, los casos que se diagnostican como de riesgo «no apreciado» no se revisan salvo que lo pida un juez o un fiscal o la denunciante informe de nuevas circunstancias por lo que si la violencia se incrementa y ella no dice nada, el caso queda silenciado. Tampoco se contemplan para estas mujeres medidas más allá de las que se presta a cualquier ciudadano que denuncie un delito: informarle de sus derechos y recursos a su disposición.
Además de supervisar los expedientes, Interior constituirá un grupo de trabajo para analizar una posible modificación en las escalas de valoración del riesgo que utilizan los agentes para determinar en qué grado de peligro se encuentra una víctima de violencia machista teniendo en cuenta tanto su situación personal como la del agresor.
En la actualidad, se realiza un cuestionario a las víctimas que denuncian o de las que se tiene noticia por intervención policial que tiene en cuenta la declaración del agresor y con el que se determina cuál es la situación de peligro que afrontan respecto de su maltratador. Lo tramita un programa informático, en el que el agente va introduciendo la respuestas de la víctima y que le devuelve el nivel de riesgo en una escala que va de «no apreciado» a «extremo».
Con estos resultados, la Policía elabora un informe y se lo remite al juez, que toma en consideración el resultado de esta evaluación para adoptar las medidas de protección que considere oportunas teniendo en cuenta el resto de la información: declaración de víctima y agresor, partes médicos o informes forenses del juzgado, cuando estos existen.
La revisión de la escala pretende afinar el tiro, incorporando nuevos indicadores, como la situación laboral de la víctima y su agresor o la existencia de personas dependientes o menores de edad a cargo de la misma, entre otros «factores de vulnerabilidad» que puedan influir en su situación respecto de la violencia.
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