FIRMAS

Miguel Zerolo, tras los pasos (hacia la condena por causa menor) de Berto González Reverón. Por Belén de Vil

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El fin de Miguel Zerolo casi se toca ya con los dedos. Es posible que para cuando acabe esta legislatura, dentro de poco más de un año, Zerolo, uno de los mejores ejemplares de la ATI profunda y su forma de hacer, ya esté inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo publico per secula seculorum. Tras la sentencia del Mamotreto, muy difícil de corregir por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, llega el auto de apertura de juicio oral contra Miguel Zerolo Aguilar, Guillermo Núñez Pérez y Joaquín Castro Brunetto, por el ‘caso García Cabrera’.

Más que por el caso, por prevaricación administrativa continuada.

Para refrescar: Zerolo ya sabemos que cargo ejercía entre 2005 y 2006, cuando el meollo de la remodelación, que eso sí que fue un lifting integral, del edificio de enseñanza secundaria García Cabrera para transformarlo en oficinas administrativas municipales y de atención al público. Sin plan de obras, ni informes preceptivos y la connivencia, según  el auto, de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Guillermo Núñez Pérez, catedrático de derecho financiero y tributario, fue concejal de Servicios Centrales, primer teniente de alcalde y responsable de Economía, Hacienda y Recursos Humanos entre 2003 y 2006, una de la muchas manos derechas de Zerolo. Fue él quien abrió el paso para que una pequeña empresa de reformas menores llevase a caso una obra casi catedralicia.

Joaquín Castro Brunetto era en esos años director general de la oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados (lo juro, se llamaba así, servicios desconcentrados, hechos una pirula, dispersos, resacados, a saber, desconcentrados y tanto).

Todo apunta a que a Zerolo le va a ocurrir como a José Alberto González Reverón, el ex alcalde de Arona, que cayó en la inhabilitación y la desgracia (ya nadie le ajunta) por una causa menor, dos contratos por enchufe y fuera del procedimiento que correspondía.

Pues con Zerolo, igual. Lo va a tumbar el ‘caso García Cabrera’, que es casi una anécdota (que vale, no lo es), en comparación con el caso Las Teresitas y su vínculo, el ‘caso Forum’. Vamos, es que no cabe ni la comparación.

Ya sabemos que es noticia por todas partes, pero les dejamos el auto del Supremo completo, para que tengan toda la historia del caso García Cabrera muy bien explicada. Pinchen aquí, en este pdf —> Auto de apertura juicio oral exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo

Con motivo de la sentencia del Mamotreto (apuesto la pareja del guante a que el edificio ese no se derriba, que no que no, que a sumo se derribará la parte “ilegal”, la que invade dominio público, ya lo verán), un experto en esto del derecho, vaya, el abogado de Luz Reverón, Alfonso Delgado, le dijo a quien escribe (el bic), que cuando una persona está imputada en varias causas, en alguna de ellas cae.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con Manuel Parejo, que como está metido en mil fregados, y todos ellos con el mismo eje conductor, si en una sentencia escapa de la cárcel, con la siguiente es posible que por narices termine en prisión.

A continuación, unos párrafos del auto judicial del Tribunal Supremo, que no tiene desperdicio:

“El 30 de diciembre siguiente se emitió el preceptivo informe de la Intervención de Fondos sobre el abono de esas facturas. La Intervención formuló reparo en primer lugar por inexistencia de procedimiento de contratación, porque los trabajos reflejados en las facturas no pueden incluirse en el objeto del contrato de mantenimiento y pequeñas reformas “al implicar, como mínimo, una modificación sustancial del uso de la edificación”; porque no se puede pronunciar sobre la adecuación presupuestaria al desconocerse la magnitud y naturaleza del gasto global aunque sí se indica que el montante principal de las facturas “corresponde al capítulo de demoliciones”; porque se entiende que la obra correspondería al apartado del artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, correspondiente a “obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación” -que es el apartado a), aunque erróneamente se dice que es el apartado c)-; y porque “No consta la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente Proyecto de las obras, que defina con precisión el objeto del contrato ni el estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se procederá a realizar la construcción. La suma de los trabajos de referencia ascienden a 371.628,22€ por lo que el contenido del Proyecto de Obras sería el desglosado en el artículo 124 del RDL 2/2000, de 16 de julio.

A lo anterior se añade falta de competencia del servicio que gestiona las obras, porque “corresponde al Servicio de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras, Sección de Proyectos Urbanos y Obras, la redacción de proyectos y la dirección de obras de iniciativa municipal incluyendo los edificios municipales.

Este reparo, por su naturaleza, tenía el efecto de suspender la tramitación del expediente hasta que fuera solventado. Y sólo podía ser solventado, resolviendo la discrepancia, por Decreto del Excmo. Sr. Alcalde, como se especificaba en el mismo informe de la Intervención de Fondos. El mismo día 30 de diciembre de 2005, el Director General de la oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados, D. Joaquín Castro, consultó con D. Guillermo Núñez la situación creada por el reparo formulado por la Intervención municipal de Fondos, diciéndole éste que consiguiese un informe contradictorio de la Asesoría Jurídica”.

Si es que mira que son descarados.

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