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El Defensor del Pueblo alerta a la Fiscalía de la falta de colaboración de Canarias en Dependencia

AGENCIAS.-  El Defensor del Pueblo ha señalado este jueves que la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Coslada (Madrid) y Teguise (Las Palmas), se encuentran entre las administraciones «no colaboradoras o entorpecedoras» por haber dificultado u obstaculizado su labor, según muestra el último Informe Anual de esta institución a las Cortes Generales.

Soledad Becerril ha dado cuenta al Ministerio Fiscal de esas administraciones que no han respondido a una solicitud de información a pesar de las gestiones realizadas para que se constate si se puede haber producido un delito de desobediencia por parte de una autoridad o funcionario público determinados.

En el caso de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, el informe explica que con este departamento se tramitan un gran número de actuaciones, fundamentalmente relacionadas con el reconocimiento de la situación de dependencia.

«De forma sistemática han de emitirse sucesivos requerimientos ante la falta de respuesta en los plazos previstos», y se han llegado a efectuar «hasta seis gestiones por diversos canales», precisa.

Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas donde se presentaron más quejas al Defensor del Pueblo en 2013, mientras que las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad procedieron principalmente de Madrid, Andalucía y Castilla y León.

La distribución geográfica de los escritos dirigidos al Defensor del Pueblo responde a factores demográficos, es decir, que las comunidades más pobladas son en general las que concentran un mayor número de escritos.

En las quejas –que el ciudadano puede presentar si considera que en su relación con las administraciones públicas se han visto vulnerados sus derechos–, Madrid se sitúa a la cabeza, con 5.942, seguida de Andalucía (2.866), Comunidad Valenciana (2.234) y Castilla y León (2.225).

A mayor distancia se encuentran Cataluña (1.951), Murcia (1.463), Castilla-La Mancha (1.126), Galicia (773), Canarias (724), Aragón (539), País Vasco (481), Baleares (469), Extremadura (434) y Asturias (371), y a la cola están Cantabria (237), Navarra (220), La Rioja (133) y las ciudades autónomas de Melilla (53) y Ceuta (51).

Recursos ante el TC

Madrid, con 2.521, y Andalucía, con 1.981, son también las dos comunidades donde más escritos se presentaron en 2013 para que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, interpusiera recursos ante el Tribunal Constitucional, y las siguen en la lista Castilla y León (904), Galicia (732), Canarias (638) y Comunidad Valenciana (557).

No se alcanzaron los 500 escritos en Asturias (460), Castilla-La Mancha (439), Aragón (372), Murcia (371), Cataluña (355), País Vasco (213), Baleares (179), Extremadura (153), Cantabria (65), Navarra (59), Melilla (47), La Rioja (36) y Ceuta (30).

Por provincias, en las que más quejas se registraron son –sin contar con las autonomías uniprovinciales– Barcelona (1.520), Valencia (1.181) y Sevilla (757). Y en el caso de las solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, Córdoba (468), Sevilla (395) y Las Palmas (380).

Respuesta del Gobierno

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha incidido este jueves en que es el Estado el que ha paralizado la Ley de Dependencia, en alusión a las críticas que ha recibido esta semana la consejera del área, Inés Rojas, en el Parlamento autonómico.

«El principal problema de la Ley es que el Estado la ha paralizado. Hay un problema de financiación y lo estamos intentando resolver en Canarias», resaltó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Marrero recordó que la partida del Gobierno canario destinada a la dependencia para este año se ha visto incrementado en algo más de un 7 por ciento, alcanzando los 140 millones de euros, de los que el Gobierno central, aseguró, «aporta 22 millones de euros».

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