AGENCIAS.- El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas, ha matizado que las negociaciones con el Gobierno central sobre la Ley turística siguen abiertas a falta de una comunicación formal que las zanje, tras el anuncio del ministro del área, José Manuel Soria, de que llevarán la norma al Tribunal Constitucional (TC).
«Nosotros creemos que la negociación sigue estando abierta a falta de una comunicación formal de los representantes del Estado dando por zanjado esa negociación», subrayó el viceconsejero en rueda de prensa, al tiempo que añadió que de ser así debe ser el Consejo de Ministros el que confirme la decisión de llevar la ley turística al TC.
Asimismo, apuntó que la negociación estaba abierta hasta finales de este mes de febrero y en estos momentos, agregó, había una propuesta del Estado a la que Canarias «hizo unas matizaciones y unas aportaciones» en relación al modelo turístico del archipiélago y los parámetros de calidad de la oferta si se quiere posicionar. «Es la que ahora mismo estaba sobre la mesa», apuntilló.
Además, consideró que «cuando uno se sienta a una mesa a negociar tiene que tener la convicción de que se puede llegar a acuerdos y de que no se está para perder el tiempo», de ahí que consideró que «la voluntad del Gobierno de Canarias ha quedado plenamente» recogida en las distintas reuniones, a lo que sumó que en una negociación bilateral «hay unos protocolos mínimos en cuanto a cómo son las comunicaciones».
Fernández de la Puente Armas incidió en que el Ejecutivo autonómico «está convencido de que la ley es plenamente constitucional, que está hecha en el ejercicio de las competencias que le da el Estatuto de Autonomía, que no va contra ningún tipo de legislación de ámbito superior, ni contra la Constitución ni contra la normativa europea», asegurando que lo que ha intentado «es evitar tener un conflicto con el Estado».
Añadió que esta semana iba a producirse un nuevo encuentro entre ambas administraciones pero «habrá que esperar a ver si formalmente se da por zanjada esa comisión bilateral Estado-Canarias, o se sigue en ella», y abogó por agotar el diálogo hasta el final.
Reacción de la patronal
Por su parte, el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, ha señalado este lunes que el recurso del Estado contra la nueva moratoria turística es «muy malo» porque «aleja» a los inversores de Canarias debido al incremento de la inseguridad jurídica.
En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente canario, Paulino Rivero, para analizar la reforma del REF, ha lamentado que «solo con el anuncio» ya se ha hecho «mucho daño», por lo que ha pedido a ambos gobiernos que se reúnan y «despejen el panorama» esta misma semana.
«Hay mucha inseguridad jurídica, y las renovables son un ejemplo paradigmático que ha alejado a inversores nacionales y extranjeros. Se invierte en base a la legislación, y después, las reglas del juego pueden ser cambiadas en cualquier momento. Esta ley pretende avivar la rehabilitación y la pone en duda el Gobierno central, es de una inseguridad terrible», ha indicado.
Francisco cree que lo que hay que «cambiar» es la ley de 2003 ya que la actual «da una salida» a la rehabilitación de camas, aunque comparte la posición de Gran Canaria de que se pueda modificar el conflicto sobre las cuatro estrellas.
«Es brutal recurrir toda la ley por ese asunto, es un punto importante pero pequeño, y no nos parece mal liberalizar para las cuatro estrellas. Hoy hay gente en despachos dando marcha atrás a inversiones, por lo que confío en el sentido común de todos. Merece la pena una reflexión», ha comentado.
Mientras, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, ha calificado este lunes de «mala noticia» el anuncio del Estado sobre la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva moratoria turística.
En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente canario, Paulino Rivero, ha insistido en que la actual ley es «mala» para Canarias, y «especialmente», para Gran Canaria, porque no permite estimular la «competencia» entre islas.
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