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El Congreso aprueba la Ley de Cámaras para impulsar la recuperación de la economía

Elblogoferoz.- El Proyecto de Ley Básica de Cámaras de Comercio, que fue aprobado ayer por la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, “permitirá el nacimiento y articulación de una potente marca institucional y comercial al servicio de las empresas que más lo necesitan: las pymes, siempre desde la profesionalidad, la transparencia y la eficacia”, según manifestó ayer el presidente del Consejo Superior de Cámara, Manuel Teruel.

El objetivo básico de esta norma es avalar a las Cámaras de Comercio como las principales asesoras de las empresas españolas en tareas de internacionalización, aumento de la competitividad, creación de empresas y estímulo de la formación dual. En este sentido, el presidente del Consejo ha subrayado que “tanto el poder legislativo como el Gobierno son conscientes de la importancia de las Cámaras de Comercio para ejercer de palancas de la recuperación y el despegue de la economía española”

De hecho, en el ámbito del emprendimiento, tan solo la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha asesorado a más de 40.000 emprendedores en los últimos años y ha contribuido a la puesta en marcha de cerca de 11.000 pymes. En el área de formación, donde las Cámaras son las segundas instituciones formativas por detrás de la Universidad, el balance anual de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife es que sus aulas acogen a más de 4.000 emprendedores, profesionales, empresarios y desempleados.

Respecto al papel de la expansión de las empresas en el exterior, el trabajo de la institución de la provincia tinerfeña le ha llevado a presidir el Comité Bilateral España- Senegal. ser una de las cinco oficinas representantes del Banco Mundial que hay en España, además de contar con la vicepresidencia del Consejo Empresarial Europeo para África y el Mediterráneo (EBCAM) y liderar el primer portal de información de habla hispana sobre mercados africanos.

Adscripción universal

El nuevo proyecto de ley, que pasará directamente al Senado y en el que se han aprobado 58 enmiendas, recoge la adscripción universal a las Cámaras, es decir mantienen su carácter de corporación de derecho público y, por lo tanto, todas las empresas forman parte del censo de la Cámara, sin que ello suponga coste económico ni administrativo alguno para los empresarios. Las Cámaras además –según expone Manuel Teruel- siguen siendo las representantes y defensoras del interés general de la economía y de las empresas.

Otro de los grandes avances de la Ley de Cámaras es que estas instituciones podrán gestionar fondos de la Unión Europea (UE) destinados a la mejora de la competitividad empresarial, gracias a una enmienda transaccional acordada entre PP y PSOE al proyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación durante su tramitación en la Comisión de Economía del Congreso.

La modificación, que ha contado con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, supone adjudicar una nueva función de carácter público-administrativo a las Cámaras de Comercio para que, si la autoridad europea correspondiente lo considera «procedente», estas instituciones puedan colaborar en la gestión de fondos comunitarios dirigidos a la mejora de la competitividad en las empresas españolas.

«Las Cámaras han demostrado estos años que han sido muy eficaces gestores en trasladar los fondos de la UE a la capilaridad de las empresas españolas», ha recordado el ‘popular’ Celso Delgado, justificando así la inclusión de esta enmienda a propuesta del PSOE.

Un claro ejemplo de ello en la demarcación de Santa Cruz de Tenerife es que gracias a la gestión de la Cámara de Comercio la Isla cuenta con la primera Factoría de Innovación Turística de Canarias, además de una red de Viveros de Empresas en Tenerife, La Palma y el Hierro, entre otros proyecto como el desarrollo de amplios programas de formación y dinamización orientados principalmente al apoyo del pequeño comercio.

Por otra parte, Teruel ha trasladado a los Grupos Parlamentarios su agradecimiento por el amplio consenso alcanzado en el debate para relanzar un potente modelo institucional de Cámaras de Comercio, como instrumentos capaces de canalizar los esfuerzos tanto públicos como privados para apoyar a las empresas que más lo necesitan, como son las pymes, y recuperar el tejido productivo y la competitividad.

Con la colaboración de las comunidades 

Para garantizar una buena coordinación con las organizaciones empresariales, se podrán firmar convenios u otros instrumentos de colaboración, e incluso se abre la puerta a la posible financiación con fondos públicos de los planes camerales de Internacionalización y de Competitividad, en cuya redacción participará no solo el Ministerio de Economía sino también las comunidades autónomas para coordinar las acciones previstas por una y otra administración, y siempre con «pleno respeto» a las competencias autonómicas.

En esta misma línea, las Cámaras podrán actuar como ventanillas únicas empresariales a petición de los gobiernos regionales, pero ya no tendrán la función de promover la unidad de mercado. Sí podrán proponer a las administraciones reformas o medidas para fomentar el comercio, la industria, los servicios o la navegación; así como colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes para el incremento de la competitividad.

Asimismo, deberán apoyar o asesorar a las administraciones en la creación de empresas aunque la forma y extensión de estas nuevas funciones deberán ser determinadas por las comunidades autónomas, que también tendrán que determinar los mecanismos de control correspondientes para las diferentes funciones de las Cámaras, sin perjuicio de que se encargue al Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de los fondos públicos que reciba la Cámara de España.

Composición y elecciones

El PP también ha pactado algunas modificaciones que afectan a la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras, así como al sistema de elecciones, que deberán ser convocadas con el acuerdo (y no la mera consulta) entre las comunidades autónomas y el Ministerio.

Así, los representantes de las empresas sumarán al menos dos tercios del Pleno (en lugar de la mitad más uno) y se elimina la previsión de que un representante de la comunidad autónoma y el director territorial o provincial de Comercio del Ministerio de Economía puedan asistir a las reuniones del Pleno, aunque sin voto.

En el caso de la nueva Cámara de Comercio de España, cuyo papel se reduce al de «órgano consultivo y de colaboración con la Administración» y de tutela de las actividades en el exterior, contará con un representante de cada comunidad y de las ciudades autónomas, pero además se reforzará el peso de las regiones con más empresas a través de hasta ocho representantes designados por las comunidades autónomas correspondientes en función de los requisitos que fije Economía.

Además, se elevan de 24 a 28 los vocales propuestos por el Ministerio entre las grandes empresas que más contribuyan al organismo nacional, si bien deberá «asegurarse el adecuado reflejo de la representación económica española» teniendo en cuenta tanto la contribución de las grandes empresas como los diferentes sectores y subsectores económicos en relación con su aportación a la economía.

También serán finalmente diez, y no seis, los vocales que elegidos por el Gobierno, al sumarse a los representantes de Economía, Industria, Hacienda, Empleo, Exteriores y Educación y Cultura ya previstos, los de Agricultura, Justicia, Fomento y Sanidad, que así tendrán voz en la Cámara de España.

Por otra parte, cuatro de los ocho representantes de las cámaras regionales que formarán parte del Comité Ejecutivo de la Cámara de España provendrán de las cuatro cámaras con más empresas en sus censos mientras que el resto se elegirán en la forma que se determine reglamentariamente. Esto da cumplimiento a la petición que ERC planteó para retirar su enmienda de totalidad, ya que Cataluña es una de las regiones con más empresas por lo que tendrá garantizada una presencia permanente en la Ejecutiva de la Cámara de España.

No obstante, para que todas las regiones sean escuchadas en los asuntos de más interés, el PP ha aceptado crear a través del nuevo reglamento de Régimen Interior de la Cámara de España una Asamblea General de Cámaras, con voz pero sin voto, en el que estén presentes los organismos de todo el país y que pueda desarrollar actuaciones para promover la participación en este tipo de entes.

Otras modificaciones

Para garantizar una adecuada elección de los máximos responsables de las Cámaras de Comercio (incluida la nacional), el director gerente deberá ser licenciado o titulado de grado superior. Eso sí, el presidente de la Cámara de España estará equiparado al Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España a efectos de representación y protocolo.

Su función como máximo responsable de la Cámara nacional será representar, promover y defender los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como prestar servicios a las empresas y cualquier otra función que le atribuya el Gobierno central. Siempre «sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación empresarial».

Por otra parte, los ‘populares’ han acordado con el PSOE una modificación para garantizar que en las actividades de las Cámaras se «respetarán las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad», por lo que «la información que se facilite bajo cualquier formato y, en general, los servicios de atención al destinatario y sus instalaciones deberán ser accesible» para los diferentes discapacitados.

Con respecto a los plazos para que las comunidades autónomas adapten su normativa al contenido de la nueva ley, finalmente se amplía de seis meses a un año desde la entrada en vigor de la norma, y se eleva de dos a tres meses el tiempo para modificar los reglamentos a partir de ese momento.

Enmiendas del PP

Finalmente, el proyecto de ley también ha incluido los cambios a propuesta del PP, entre los que destacan que la inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos también afectará a los cargos directivos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, así como a los dirigentes de la nueva Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, cuyo mandato será de cuatro años.

Además, en los órganos de gobierno y administración de la Cámara de España estarán presentes las asociaciones de autónomos más representativas del país, y no sólo las organizaciones empresariales y sindicales. Y la representatividad de las grandes empresas se hará en función de su contribución a la economía y, el primer año, atendiendo a la contribución de la última cuota cameral devengada y abonada.

No obstante, transcurrido un año, se renovarán los representantes en función con las aportaciones económicas que se realicen durante ese tiempo y en función del Reglamento de Régimen Interior que se apruebe. Esos nuevos responsables de la Cámara de España terminarán el mandato que quede pendiente.

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