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Los operadores energéticos podrán desarrollar nuevas zonas de producción sin contar con los ayuntamientos

Elblogoferoz.- En un Archipiélago absolutamente dependiente del exterior, el Gobierno de Canarias no propicia un debate necesario sobre el futuro energético sostenible para las Islas. Mientras enarbola la bandera del rechazo a las prospecciones petrolíferas, propone y  facilita a las empresas la continuidad de un modelo que condena a la población de las islas a la dependencia de los combustibles fósiles.

Silencia el debate y otorga a los operadores energéticos capacidades y poderes que pasan por encima de la autonomía municipal. El plazo de presentación de Alegaciones a las DOSE finaliza el próximo 20 de febrero.

La independencia de la autonomía local, tan defendida desde la Federación Canaria de Municipios, FECAM, saltará por los aires desde que el Gobierno de Canarias apruebe las DOSE, Directrices de Ordenación del Sistema Energético. Este documento propone dos cosas
principalmente: la continuidad y la dependencia en el archipiélago de los combustibles  fósiles para el suministro energético futuro, y el otorgamiento a los operadores energéticos de una capacidad de proposición y desarrollo de infraestructuras que se salta los planeamientos generales y la autonomía municipal sobre los mismos.

El día 20 de febrero finaliza el primer plazo para presentar Alegaciones a un documento propuesto y defendido desde el Gobierno de Canarias que podrá, “previo informe del Operador del Sistema y a propuesta de la Consejería competente en materia de energía, las medidas que estime pertinentes en orden a garantizar el referido suministro en atención a su consideración de servicio esencial”, es decir, la suspensión del planeamiento insular y municipal o la aplicación de la declaración de Interés General de la infraestructura.

La pervivencia, la importancia y la defensa del poder municipal realizada por el Gobierno de Canarias frente a la reforma de las administraciones en el archipiélago, propuesta y argumentada por el Partido Popular, queda en entredicho cuando desde las DOSE proponen que “en ningún caso el planeamiento territorial o urbanístico podrá incluir  determinaciones que supongan la eliminación del planeamiento o la baja de cualquier infraestructura” energética sin la previa autorización del Gobierno de Canarias.

Para las nuevas infraestructuras “a desarrollar”, se obligará además a los Cabildos, a través de los Planes Insulares, a las reservas de suelo “necesarias para permitir su futura implantación, […] así como las reservas de suelos necesarias que garanticen la protección territorial de las que ya se encuentren en funcionamiento”, como en el caso de Candelaria  o Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo.

La Px1NME opina que el debate sobre el futuro energético en Canarias se está silenciando a conciencia para defender un modelo finito, contaminante y que defiende el interés empresarial de los operadores tradicionales: Unelco, Iberdrola, Endesa…

En Tenerife, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Candelaria, Güimar, Granadilla, Buenavista del Norte, La Orotava, Puerto de La Cruz, Tacoronte y Tegueste han presentado y aprobado mociones en contra de los modelos
energéticos tradicionales. El único partido que siempre se ha opuesto a dichas propuestas es el Partido Popular de Canarias. Sin embargo, desde la PNME se observa también que las iniciativas defendidas desde el PSOE o CC en sus municipios son violentadas y torpedeadas
desde el Gobierno de Canarias por sus propios compañeros de partido con el intento de Aprobación de las DOSE.

El sistema eléctrico canario es mucho más dependiente que el peninsular porque somos territorios insulares sin posibilidades de conexión a otras redes. Tanta insularidad, tanta ultraperiferia, tanta lejanía y especificidad, palabras tan manoseadas verbalmente desde la
semántica del poder, no se trasladan luego a la búsqueda de una independencia energética de Canarias en su planeamiento. Este hecho, un ejemplo más del contrasentido del gobierno, no tiene lógica ni desde el punto de vista ambiental, ni desde el punto de vista  económico ni desde el punto de vista de su propio discurso político. Supone una gran contradicción y acarreará un mayor coste en nuestra factura, que será posiblemente la más cara del país.

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