Sostengo con Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna, una cordial relación profesional. Admiro su perseverancia en la búsqueda del consenso aunque no siempre hemos estado de acuerdo; tales desencuentros, en cualquier caso, siempre dieron lugar a algo mejor. Clavijo es un tipo listo que sabe rodearse de un buen equipo y consigue movilizar voluntades… El óptimo funcionamiento de su ayuntamiento es su mejor credencial y la implicación de sus funcionarios la prueba de que el ejercicio del gobierno requiere de ciertas habilidades.
No entiendo. La prudencia que le ha hecho llegar tan alto en la política -una carrera todavía en progresión- traicionada ahora al abanderar el movimiento contra la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Clavijo representa a Canarias y está en contra, pretende que los alcaldes de muchos municipios españoles apoyen un recurso de inconstitucionalidad. No entiendo la oposición frontal cuando Clavijo siempre trata de encontrar puntos de encuentro. No creo que no comparta las líneas básicas de la nueva ley, quizás sean matices, porque no duplicar competencias, limitar las entidades instrumentales, racionalizar la prestación de los servicios públicos o la composición de los órganos de gobierno, tienen mucho sentido en los tiempos actuales. No creo que Clavijo piense que el Cabildo o el Gobierno de Canarias no sean capaces de gestionar servicios que ahora asume el consistorio; es un hombre de Estado.
La población desconfía de los políticos -vistos como casta privilegiada- y justifica la economía sumergida y el fraude porque no comparte el destino del dinero recaudado; la gente se siente defraudada con cada reforma, muchas empresas han cerrado y ha habido muchos despidos, pero en lo público no… no es lo mismo una reducción salarial del cinco por ciento que del cien por cien. Y cuando se decide meterle mano al asunto son los propios alcaldes los que dicen que no… claro, «defienden sus propios intereses», piensa el vecino. Y cuando Clavijo afirma que «Las premisas son: contar con el respaldo de un séptimo de los ayuntamientos y un sexto de la población» asume que sus representados también están en contra de la reforma de las administraciones locales, pero no pregunta, porque si preguntara, como hace en tantas sesiones de participación ciudadana, se llevaría una sorpresa.
Si usted cree que la ley no sirve, búsquele algo positivo -que seguro que tiene- y proponga cómo mejorarla. Esta oposición de pleno no sirve para nada, lo alinea con quienes, desde el inmovilismo, desean preservar sus privilegios. Sea fiel a su manera de actuar y apueste por la política de altura, la que suma.
Añade un comentario