Hace meses –y en algunos casos, años- que vengo defendiendo en distintos foros la necesidad de abrir un proceso tan ambicioso como necesario: una segunda transición que dé respuestas a los enormes desafíos que tiene planteados el Estado. España debe poner al día el marco de convivencia al que ha aludido el Rey.
Hacen falta cambios, en profundidad, porque de otra forma difícilmente reconduciremos las crisis institucional y territorial que se han abierto en España coincidiendo con la crisis económica más importante de las últimas décadas.
Hay que poner al día el modelo de Estado, y para esa tarea es imprescindible la disposición al diálogo y la voluntad de trabajar conjuntamente que siempre he defendido –así lo entiendo y reivindico respecto a las relaciones Canarias-Estado, y ese y no otro debe ser el camino para desbloquear los problemas territoriales e institucionales que España debe resolver-.
La política, la que hizo posible la transición española, debe ser una herramienta de transformación –de mejoras sociales- basada en la cooperación y la lealtad. La política debe anteponer el interés general a los estrechos cálculos de partido, y con ese punto de partida propiciar un espacio para el entendimiento del que puedan surgir propuestas novedosas sin excluir, a priori, ninguno de los grandes debates pendientes.
El liderazgo de la política es hoy más necesario que nunca, porque es precisamente en su ámbito de influencia donde se debe dilucidar un nuevo marco de relaciones entre los territorios que conforman el Estado y entre los ciudadanos que forman parte de todos ellos. En esa dirección, vengo defendiendo hace años que hay que abordar, con responsabilidad pero sin miedo, una reforma de la Constitución.
En un artículo publicado en marzo del pasado año en el periódico El País comenté que hay que poner al día una Constitución que no da respuesta a muchos asuntos de Estado -un texto que, entre otras consideraciones, muchas generaciones ni votaron ni sienten suficientemente suyo-.
Dije, y reitero, que una Constitución actualizada debe contemplar las singularidades de determinados territorios, algo que en el caso de Canarias es particularmente evidente, y que tiene que consagrar un nuevo modelo de relaciones con el Estado -una cuestión, ésta última, que abordé en la reunión que mantuve a mediados del pasado mes de diciembre con el lehendakari Íñigo Urkullu, y en la que ambos estuvimos de acuerdo-.
Una necesidad, la de abordar los cambios que hagan falta para diseñar un modelo de Estado que mejore algunos encajes territoriales, igualmente compartido por la presidenta de Andalucía, que días antes de la reunión que hemos mantenido –hace apenas 48 horas- se mostró partidaria de reformar la Constitución para clarificar el mapa competencial, de modificar el sistema de financiación autonómica y de transformar el Senado –cuestiones, todas ellas, sobre las que me he pronunciado en esa dirección en infinidad de ocasiones desde hace años-.
Canarias debe encontrar su propio espacio en todos esos ámbitos de decisión, de modo que su encaje en el Estado responda a sus necesidades reales como un territorio insular y alejado del continente.
Sin ir más lejos y, en referencia a la financiación autonómica, hace unos días hemos conocido que el estudio encargado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para evaluar la distribución de recursos entre las distintas comunidades autónomas certifica lo que venimos denunciando hace años: Canarias se encuentra entre las autonomías peor financiadas.
No hay ninguna razón para que un ciudadano canario reciba menos dinero que otro para sufragar su sanidad, su educación o sus servicios sociales, por lo que mi Gobierno seguirá exigiendo allá donde haga falta un cambio del sistema para avanzar hacia un reparto más justo y solidario.
No es poco el trabajo que queda por delante para poner al día las estructuras de un Estado que precisa de una actualización profunda, de reformas que vayan mucho más allá de cambios estéticos y que respondan efectivamente a las demandas ciudadanas.
De todos estos asuntos tuve la oportunidad de hablar con Susana Díaz el pasado viernes, una reunión en la que también compartimos la apuesta decidida y firme de ambos gobiernos por el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como garantes de la cohesión social y del valor de la cooperación institucional para aliviar las crecientes tensiones territoriales en el Estado.
Estuvimos de acuerdo en que hay que corregir y actualizar el modelo de financiación para que, se viva donde se viva, los ciudadanos reciban las prestaciones que demandan y merecen. El principio básico es que no se mantengan las diferencias que se dan en la prestación de los servicios en los diferentes territorios. Se han dado pasos, pero no los suficientes para lograr que se atienda la demanda de corregir la financiación. Por eso, al concluir dicha reunión pedí la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, un foro que debe reunirse con más frecuencia porque hace falta más diálogo y más trabajo en común.
Canarias y Andalucía compartimos posición en los grandes asuntos de Estado, algo que debe atenderse entre otras cosas porque juntos sumamos más de diez millones de ciudadanos, la cuarta parte de la población de España. En este sentido, ambas comunidades hemos decidido crear grupos de trabajo conjuntos para compartir estrategias y volveré a reunirme con la presidenta de la Junta en los próximos meses, en Canarias en esta ocasión.
No hay otro camino que el diálogo y el entendimiento para que la encrucijada a la que se enfrenta España tenga una salida acorde con los nuevos tiempos que vivimos.
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