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Economía sumergida en defensa propia. Por Antonio Salazar

Ha vuelto la matraquilla del fraude fiscal y la economía sumergida, generando los habituales comentarios en la prensa y la ruidosa reacción de las redes sociales. El tema no tiene un pase pero esto da igual porque hace tiempo que la verdad dejó de interesar para convertir cualquier dato en la confirmación de un viejo prejuicio. Esto nos obliga a algunos a repetir viejas ideas que se pueden confirmar sin demasiada complicación y sin sofisticadas búsquedas, lo que se ve no hacen periodistas que titulan alegremente. Por ejemplo, en La Provincia se dice que la economía sumergida alcanza el 30% del PIB canario, cuando en realidad el estudio dice que es del 27,9%. La diferencia puede parecer baladí pero un 2,1% sobre un PIB estimado a finales del 2012 de 40 mil millones de euros, supone un desvío de 800 millones de euros. Una cantidad, por cierto, igual a la que reclama Canarias a Madrid en concepto de justo trato.  Pero para este diario es más importante un redondeo que dé un buen titular que aproximarse a la cifra real. ¿La cifra real? No, por supuesto que no. Hay que ser muy confiado para hacer de esta estimación una noticia que no requiera mayores comprobaciones.

De entrada se dice que el trabajo está dirigido por un profesor de la prestigiosa universidad pública de Tarragona, quien estuvo en la presentación con los autores del encargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda. En realidad, estaban el presidente y el secretario general del sindicato de los técnicos de Hacienda, lo que de inmediato debería prevenirnos. Son los representantes sindicales de los trabajadores de grado medio del Ministerio, no representan ni a los Abogados del Estado, ni los inspectores tributarios, ni los interventores, ni los economistas del Estado, sino los del antiguamente llamado Cuerpo de Gestión. Muy respetable, sin duda, pero no parece que el formar parte de ese sindicato les dé un plus de autoridad a la hora de hablar de política fiscal o de problemas organizativos de la inspección pues ellos, queda dicho, no son los representantes de los inspectores.
Así que no puede resultar extraño que hagan hincapié en la falta de voluntad política para enfrentarse a este problema, el de luchar contra el fraude. Exigen nuevos y más medios para evitarlo, es decir, aumentar el gasto en esas partidas específicas. Intereses de parte. Esto en lo formal; no son más que un sindicato con muy buena prensa, que confunden deliberadamente para darse una importancia de la que carecen.
En el fondo del asunto tampoco están mucho mejor. Si ya de por si parece complicado estimar cuánta economía sumergida existe, la cosa es más difícil todavía cuando mezclan conceptos distintos. Así afirman que el mayor fraude se concentra en las grandes empresas al eludir el pago de impuestos con prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales. Podemos discutir si el sistema fiscal español permite muchas de esas elusiones fiscales pero de ahí a explicar la economía sumergida media un abismo que solo puede recorrer un técnico de hacienda entre cortado y visita al Corte Inglés.
Más interesante – y por ello, menos reproducido por los medios de comunicación- resulta el trabajo del profesor Friedrich Schenieder quien lleva toda su vida estudiando la economía sumergida en el mundo y los flujos de dinero negro. Este profesor alemán estima una tasa de economía sumergida ligeramente inferior a la de los técnicos de Hacienda pero la achaca en primer lugar al elevadísimo nivel de desempleo, que la alimenta. También al autoempleo, ese buscarse la vida al que se dedica mucha gente sin otra posibilidad alternativa. La tercera de las causas serían las continuas subidas de impuestos indirectos, en particular el IVA o IGIC y en cuarto lugar, la moral tributaria del país que en el caso de España es cuanto menos laxa. Lo que no adivina el Sindicato en su informe, es que la insuficiencia fiscal de España no está causada por la economía sumergida, más bien es su consecuencia. Es el modelo productivo el que determina el nivel de economía golfa de un país y no al revés. Es por eso que las comunidades donde menor tasa de actividad y mayores niveles de paro hay (Andalucía, Canarias y Extremadura), con un peso relativamente importante de la agricultura (Castilla-La Mancha) o basada en servicios de bajo valor añadido como el turismo, la hostelería y el comercio exista un nivel superior de economía opaca.Así que la conclusión que se puede extraer es que no necesitamos nuevos y más medios de coacción a los ciudadanos sino encontrar un nuevo modelo económico más basado en puestos de trabajo altamente innovadores. Y eso es algo que nos debería importar mucho, máxime teniendo la oportunidad de negociar un nuevo REF que permita atraer como un imán a empresas de ese corte que quieran venir a las Islas. No ahondar en una economía que nos ha dado lo que nos ha dado pero que no nos sirve para el futuro. Ojalá que estén yendo por ahí los tiros.
Sin embargo, observa uno como nuestros políticos solo buscan nuevas fuentes de financiación estrangulando, todavía más, nuestras carteras. El Cabildo de Gran Canaria ha decido implantar un impuesto a los carburantes con el que espera recaudar entre 8 y 10 millones de euros. Bravo de Laguna ha hablado de un pequeño esfuerzo, apenas unos 60 céntimos por cada 50 litros de gasolina, añadiendo maldad a la ocurrencia. Primero porque no hay tal cosa como un sacrificio voluntario y consentido por los grancanarios. Y segundo, porque no debe ser consciente de que el Gobierno del Sr. Rajoy ha aumentado o creado más de 30 impuestos y tasas en los dos años que lleva al frente del Gobierno. La pregunta obligada sería conocer cuándo van a parar y sobre todo, cuando considerarán que estos impuestos adicionales han dejado de ser un pequeño esfuerzo para cada uno de nosotros y sí una pesada losa que impide nuestro bienestar y progreso. Claro, luego se quejarán de la economía sumergida pero esa que se practica en defensa propia.

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