FIRMAS Salvador García

Otra ley cuestionada. Por Salvador García Llanos

Está en su papel el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando pide a un comisario europeo que respete al país, a sus instituciones y al Gobierno. Y hasta puede que tenga razón cuando justifica la modificación de la Ley se Seguridad de 1992 al estar en marcha la reforma del Código Penal. Pero no puede negar el ministro que la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana nace con un clima social animadverso y unas percepciones externas muy claras de limitar derechos ciudadanos, como los de la libre expresión y la protesta pacífica, sancionando, de paso, conductas o comportamientos que los jueces no han considerado delito. En ese sentido, el argumento justificativo de la reforma, sancionar, por ejemplo, a quienes queman contenedores en la calle, es bastante frágil.

El ministro Fernández se incomodó, ciertamente, cuando el comisario responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muznieks, cuestionó la conceptuación de determinadas figuras o infracciones que por tal motivo serán sancionadas. “¿Cómo va a saber la gente si está o no violando la Ley”?, llegó a preguntarse Muznieks después de señalar que, en su opinión, se debería velar por la seguridad, de acuerdo, “pero sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación”.
El rechazo social a la Ley, aún sin entrar en vigor, empieza a ser clamoroso. Todo indica que hay un sustrato ideológico de autoritarismo y una tendencia a criminalizar la discrepancia que resultan preocupantes. El Gobierno quiere ciudadanos dóciles, acríticos, inactivos, temerosos o desmotivados, acaso sin percatarse de que cuantas más limitaciones o restricciones, hay más terreno cultivado de descontento que terminará produciendo algún tipo de estallido social. Las restricciones que ha ido imponiendo el ejecutivo, primero de derechos sociales y ahora de civiles, por muy amparadas que estén en mayoría parlamentaria, no son buenas para la convivencia ni para la calidad democrática a la que aspira cualquier gobierno.
Así que, discutida en Europa y sin otro respaldo en España que el de una representación sindical policial, habrá que aguardar cómo se posicionan los grupos parlamentarios en el curso de la tramitación de la norma. Al Gobierno no le importará volver a quedarse solo pero ha de ser consciente del desgaste y de la impopularidad del ordeno y mando que parece inspirar esta modificación legislativa que, desde luego, no está a la altura de las exigencias de la sociedad de nuestros días que poco tienen que ver con la alienación y cuya protección de libertades no está ni mucho menos garantizada.

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