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Retomar el diálogo para reformar la Constitución. Por Paulino Rivero

La celebración el pasado viernes del XXXV aniversario de la Constitución dejó en evidencia varias cuestiones.

Por un lado, el indudable valor de un documento que ha posibilitado el más largo periodo de normalidad democrática de la historia de España. Y, de otra parte que reconociendo ese servicio la Carta Magna de 1978 es, en muchos aspectos, un texto agotado que está pidiendo a gritos su revisión. Así lo he defendido hace años –ahí están las hemerotecas-, y así lo están planteando en estos días muchos constitucionalistas.

En términos generales, los argumentos que están multiplicándose de meses a esta parte se resumen en dos ideas. La mayoría coincide en que la Constitución necesita una reforma que la ponga al día pero, lamentablemente, esa necesidad choca frontalmente con una atmósfera política que, alejada del espíritu que hizo posible la transición, está marcada por posiciones inflexibles y desencuentros.

Así las cosas, cabría decir que la inacción y las tensiones de la política están obstaculizando la reforma de una Constitución que no da respuesta, en algunos aspectos, a la realidad de una sociedad que ha experimentado indudables cambios en los últimos treinta y cinco años –falta de respuesta especialmente significativa y sensible en lo que se refiere a la realidad territorial que pretende ordenar-.

Aunque haya quien cierre los ojos o mire hacia otro lado, lo cierto es que la Constitución escuestionada prácticamente por todos los grupos políticos, por buena parte de la sociedad española –especialmente por generaciones que, quedándoles lejos la transición, no la sienten suficientemente suya- y por algunos territorios -por más que algunos se empeñen en intentar reducirlo a un problema catalán o a un problema vasco-.

Esa incomodidad creciente lo que está evidenciando es que la Constitución no da respuesta a una realidad que poco o nada tiene que ver con la de 1978, ni social ni territorialmente.

La Carta Magna fue un pacto, un contrato de mínimos, concebido con generosidad y respeto a la pluralidad, que permitió dejar atrás décadas de intolerancia y represión.

Nació voluntariamente abierta, voluntariamente ambigua, voluntariamente flexible. Esas características fueron, sin duda, decisivas a la hora de recabar el consenso y la aprobación de todos los grupos políticos, allanando el camino que juntos habíamos decidido recorrer.

De hecho, fue uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, quien afirmó que el mayor éxito de aquel texto fue, precisamente, que no diese satisfacción plena a nadie, sino satisfacción básica a todos.

Pero la Constitución de 1978 también se fraguó aceptando que la realidad política y social de la que formamos parte constituye un proceso dinámico y en continua evolución. Esa evolución hoy se ha frenado. La flexibilidad con la que se concibió languidece por culpa de aquellos que dan la espalda al espíritu de la transición, una cerrazón que constituye un lamentable síntoma de pérdida de calidad democrática.

La corriente recentralizadora que está esgrimiendo la Constitución como escudo para frenar esa evolución natural está haciendo un flaco favor al impedir la actualización de un texto en el que tuvieron cabida todas las voces y todos los pueblos de España.

Frente a esas posiciones es necesario promover que la Carta Magna retome como valor fundamental la flexibilidad que fue tan necesaria en el pasado y que tan necesaria sigue siendo para el presente y futuro.

Con el mismo respeto a la pluralidad, con la misma generosidad, con el mismo espíritu que inspiró la Constitución de 1978, hoy es necesaria una nueva transición que permita vertebrar un futuro común desde el respeto a las diferencias, desde la solidaridad y la atención a la diversidad. En definitiva, recuperar la normalidad democrática y, desde la lealtad constitucional, proceder a su reforma.

Reformar la Constitución para reformar nuestra convivencia. Reformarla para establecer nuevos mecanismos de control y transparencia de los poderes públicos. Reformarla para acercarla a generaciones que no vivieron la España que alumbró la Carta Magna de 1978. Reformarla para establecer instrumentos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de todos los territorios.

Y, desde la posición de Canarias, reformarla para que dé respuesta diferenciada a una realidad singular y única en todo el Estado español. Una realidad archipielágica, lejana, insular, que condiciona nuestro desarrollo y que debe tener adecuado encaje constitucional.

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