FIRMAS Marisol Ayala

La ley Parot un chollo para las televisiones. Por Marisol Ayala

Visto lo visto la Doctrina Parot (la puesta en libertad de terroristas violadores, pederastas, etc,) a nadie ha beneficiado más que a las televisiones. Hace unos días escuchaba en La Sexta al asesino de una chica que cuando hacía footing la secuestraron y mataron. Hablaba con tanta tranquilidad que asustaba…Ahora se anuncia entrevista (Antena 3) con uno de los asesinos de las niñas de Alcacer… ¿mañana?, sabe Dios. Lo dicho; los que se han beneficiado son ellos, los mismos que montan programas de tertulias contra esa ley. Resumiendo, los han puesto en la calle y allí estaba la tele. Chollazo.

Es lógico que la sociedad Española, somos europeos y como tal asumimos lo bueno y lo malo del contexto internacional, se indigne. Y se indigne  todavía más cuando las televisiones privadas anuncian sin sonrojos entrevistas pagadas con lo más granado de la delincuencia  española, esos que están en la calle y a quienes los platós les esperan para maquillarles, preguntarles cómo mataron a sus víctimas, dulcificar su imagen y escuchar sin pestañear su historial delictivo. En días como esos habría que apagar la televisión y no ser cómplices pasivos del periodismo más rastrero.

Henri ParotHenri Parot

Pero, ¿qué es la doctrina Parot?. Lean y conózcanla. El texto pertenece a Foro Jurídico y explica con claridad en que consiste:

“Estrasburgo ha confundido la aplicación del principio de legalidad penal en este caso. Pocas resoluciones de los órganos jurisdiccionales españoles han sido tan difundidas como la acordada en 2006 por la Sala segunda del Tribunal Supremo (TS), en el caso suscitado por el condenado Henri Parot. Desde aquel año hasta ahora, con la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no se ha dejado de hablar, en los foros jurídicos nacionales e internacionales, de esta doctrina. La doctrina Parot supone una nueva interpretación, efectuada por el Pleno del más alto Tribunal penal de España, al que corresponde determinar, por mandato constitucional, el contenido último de la ley. En este caso, sobre la forma de calcular los beneficios penitenciarios, entre ellos la redención de penas por el trabajo, suprimida en el Código Penal de 1995, ante condenas con múltiples penas de prisión. Una doctrina del Supremo que fue expresión de la razón y del sentido común, que es en lo que debe basarse toda ley e interpretación de la misma, y que está cimentada en sólidos fundamentos, algunos de ellos puestos de manifiesto en el recurso del Gobierno español contra la sentencia del TEDH de julio de 2012, como que no es igual cometer un asesinato que múltiples asesinatos, algo que debe quedar reflejado a la hora del cumplimiento de las penas y aplicación de los beneficios, de manera que aquellas tienen que ir cumpliéndose sucesivamente, como decía y sigue diciendo el Código Penal vigente, con sus respectivos beneficios. Sin embargo, aquí es donde queda reflejada aquella diferencia, hasta el límite máximo previsto legalmente, que en el caso resuelto de la sentencia de la doctrina Parot y en la de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo (STEDH) era de 30 años. Ni este límite máximo de cumplimiento efectivo es una pena distinta, única, sobre la que habrían de contabilizarse los beneficios penitenciarios, a diferencia de lo que ocurre en los casos de concurso ideal de delitos, concurso medial o delito continuado, ni tal afirmación ha constituido nunca jurisprudencia del TS.

Los jueces del Tribunal de Estrasburgo que tumbaron la doctrina ParotLos jueces del Tribunal de Estrasburgo que tumbaron la doctrina Parot

 

Sólo en una ocasión lo sostuvo el alto Tribunal, en una sentencia de 1994, es decir, posterior a los hechos por los que había sido condenada Inés del Río, y se trató de una sentencia aislada, que no llegó nunca a representar doctrina jurisprudencial, por lo que difícilmente se puede sostener la pretendida previsibilidad y expectativa por parte de la demandante de que cumpliría una pena inferior a los treinta años, así como tampoco es comprensible que el TEDH hable de “giro jurisprudencial efectuado por la doctrina Parot”. En otras palabras, no era imprevisible que la condena se cumpliera en los términos de la doctrina Parot, pues otra forma de cumplimiento sólo se basaba en la práctica penitenciaria, no en la jurisprudencia del TS, por lo que difícilmente puede afirmarse la vulneración del principio de legalidad. Y sin olvidar que como se deduce de los votos particulares a esta sentencia algunos jueces del mismo Tribunal vienen a decir que, en definitiva, Estrasburgo ha confundido la aplicación del principio de legalidad penal en este caso.

Un violador excarcelado ... Un peligroso violador excarcelado …
recuerden a las niñas de Alcàsser

 

Hay un último aspecto de la STEDH que ya es objeto de discusión y que puede traer muchas consecuencias en nuestro sistema, en el que la única fuente del derecho penal es la ley formal con lo que se garantiza su procedencia de una instancia democráticamente legitimada. Es la afirmación que hace aquella de que la noción de Derecho aplicable que utiliza el art. 7 de la CEDH al reconocer el principio de legalidad “incluye también el derecho no escrito o jurisprudencial”, por lo que las condiciones de “accesibilidad y previsibilidad” también rigen para la jurisprudencia. Una cuestión de enorme trascendencia práctica, pues en la tradición del derecho continental a la que pertenecemos, a diferencia del sistema anglosajón, aquel derecho fundamental sólo está referido al derecho escrito, no a la jurisprudencia, aunque es cierto que entre la ley y su interpretación hay una unidad, que puede permitir aplicar las mismas exigencias para la aplicación de la ley que para la interpretación propia de la jurisprudencia, de manera que una jurisprudencia que interpreta la misma ley en forma más rigurosa no puede ser aplicada a hechos cometidos antes de la fecha en que se adopte ese nuevo criterio interpretativo, que es más perjudicial para el afectado”.

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