Sin categorizar

El Gobierno ha ingresado 105 millones con las ventas de edificios

AGENCIAS.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la Administración General del Estado está ahorrando ya 44 millones de euros con las primeras medidas que ha tomado de racionalización de alquileres de edificios y que ha logrado unos ingresos además de 105 millones con la enajenación de inmuebles.

En su comparecencia en el Senado para presentar la reforma de las administraciones públicas, la aplicación del informe de la CORA para mejorar y reducir el sector público, Sáenz de Santamaría ha señalado que ése es el resultado de aplicar la primera parte del plan de actuación sobre gestión de los inmuebles, que seguirá avanzando.

También ha subrayado que se va a reforzar la centralización de contratos de suministros para lograr ahorros. En concreto, se trabaja en un «macrocontrato» para unificar los servicios informáticos, que entrará en vigor en el primer trimestre de 2015. El objetivo es ahorrar entre el 10 y el 15 por ciento de los 270 millones de euros que la administración estatal gasta en este suministro.

Dentro de este objetivo, ha puesto como ejemplo el trabajo dentro del Ministerio de Fomento, que ha convertido en un solo acuerdo marco los 1.700 contratos de suministro eléctrico que tenía la Dirección de Carreteras.

Por otro lado, la vicepresidenta ha asegurado que se avanza en la labor de simplificación normativa, ya que se han aprobado desde 1978 un total de 100.000, entre el Estado y las autonomías. La revisión de ese total concluye que hay 2.700 normas que deben ser modificadas «para unificar criterios y eliminar trabas para lograr el fluido desarrollo de la actividad empresarial». Santamaría ha anunciado que en este mes de noviembre se presentará un informe sobre la parte de esas normas que son estatales, el 31 por ciento.

CC AA

La portavoz del Ejecutivo ha reconocido en su comparecencia el esfuerzo que también están haciendo las comunidades autónomas, a las que afecta igualmente este proceso de racionalización de la administración.

Según ha dicho, registran un alto grado de cumplimiento de las medidas previstas por la CORA: han eliminado 554 entidades públicas de 734 previstas, tres autonomías han eliminado sus tribunales de defensa de la competencia, otras cinco han extinguido sus defensores del pueblo, diez se sumarán al tribunal central de recursos contractuales y 14 han firmado protocolos de colaboración con las oficinas españolas en el exterior. El ahorro que estiman con todo ello superará los 1.500 millones.

Por el PSOE, Francesc Antich ha criticado que, aprovechando la crisis y las reformas, el Gobierno «está reduciendo la capacidad política de las CCAA», una «recentralización hecha por la puerta de atrás» y que tiene como puntal la Ley de estabilidad presupuestaria, ha dicho. El senador ha sumado a lo anterior la «asfixia» también económica que se impone a los gobiernos regionales, que gestionan una «autonomía tutelada».

Antich ha criticado también los modos de gobernar del Ejecutivo con respecto al Senado, que no ha podido revisar el 40 por ciento de las leyes aprobadas, ha puesto como ejemplo. Esto es contradictorio, ha asegurado, con el trabajo que los grupos parlamentarios hacen para reformar la Cámara, incluido el PP.

María Rieradevall, portavoz de CiU, ha valorado «muchas» de las 217 medidas previstas en el informe de la CORA, pero no en su aplicación; a su juicio, el Gobierno aprovecha esta propuesta para una «nueva invasión de competencias» autonómicas y ha puesto como ejemplo la reforma de la administración local, contra la que ha cargado porque Cataluña tiene «competencia exclusiva» en la materia y está redactando su propia ley.

El portavoz de la Entesa pel Progrés de Catalunya, Joan Saura, ha criticado que el Gobierno no haya acudido al Senado a explicar su modelo de Estado, porque es «fundamental» para presentar después planes de reforma como este de la CORA. Saura se ha sumado a las críticas por la «recentralización» que impulsa el Gobierno, al que ha acusado de haber «bloqueado el Estado de las autonomías». Saura también ha pedido que se impulse la Ley de Memoria Histórica y se reforme el Valle de los Caídos.

Por el PNV, Jokin Bildarratz ha criticado también la «voluntad recentralizadora del Gobierno» y ha aprovechado para introducir algunas cuestiones propias del País Vasco. Entre ellas, el cierre de Fagor, sobre el que ha pedido un esfuerzo para reconducir la situación, o el impulso de la alta velocidad en Euskadi, para la que ha pedido más inversiones del Estado.

En cuanto al PP, la portavoz de la Comisión Constitucional, Rosa Vindel, ha defendido el cambio de rumbo del país en dos años gracias al Gobierno. «Esto es lo mucho que se ha hecho en poco más de 20 meses. Que nos vuelvan a percibir como alguien fiable, que hace frente a sus obligaciones y que paga, no ha sido gratis ni casual», ha dicho.

En su réplica a los portavoces, Sáenz de Santamaría se ha mostrado sorprendida porque el debate parecía «una discusión entre Estado y comunidades autónomas». «Parece que ustedes representan a las comunidades y me preguntan a mí que represento al Estado. Perdonen que les diga, todos ustedes forman parte de una institución del Estado, su Parlamento, algo tendremos que decir de cómo funcionan sus instituciones», ha dicho la vicepresidenta.

Santamaría ha defendido reformas como la de las administraciones públicas y ha dado la bienvenida a la política en minúscula, si por ella se entiende tomar medidas concretas que afectan a la vida cotidiana. «Pregunten a los ciudadanos si les parece importante que eliminemos trabas y colas», ha dicho. «Ah, pero la política es discutir sobre el modelo de Estado», ha ironizado.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario