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Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Por Antonio Alarcó

Durante el pleno celebrado esta semana en el Senado, el Grupo Popular ha instado al Gobierno de la Nación a agilizar la puesta en marcha del primer Registro Nacional de Profesionales Sanitarios que trabajan en la sanidad española, tanto pública como privada, a cuyos datos de carácter público podrán acceder los ciudadanos, contribuyendo a generar mayor seguridad y confianza en los profesionales de nuestro sistema de salud, evitando así el intrusismo profesional.

Esta iniciativa, que defendí en nombre de mi grupo político, persigue dos cuestiones fundamentales que pasan por censar al increíble capital humano del ámbito sanitario con el que contamos y colaborar en la accesibilidad y transparencia que han de continuar presidiendo los actos médicos en nuestro país.

Una vez más, el Senado se mantiene sensible a las necesidades de la ciudadanía y no pierde ese carácter social, adelantándose a las demandas de una compleja sociedad como la nuestra. Así, queremos garantizar el acceso de los usuarios a los profesionales adecuados ya que el intrusismo profesional continúa siendo una lacra social llegando incluso a alcanzar, como es el caso de los dietistas y nutricionistas, cifras del 90 por ciento de casos que trabajan en clínicas sin tener los estudios oficiales que les acreditan para ello.

La práctica ejercida sin la titulación académica preceptiva no es un fenómeno nuevo porque todos hemos conocido algún que otro caso, pese a estar tipificado en el Código Penal. Es más, consideramos que cualquier tipo de intrusismo es reprobable, pero especialmente las referidas a delitos contra la salud pública, ya que lo que se pone en juego es la vida de las personas.Hablamos, por tanto, de gente que sin estar en posesión de un titulo médico ejercen como tales administrando tratamientos a sujetos que padecen alguna dolencia. Y es que las pseudociencias han hecho y continúan haciendo un enorme daño a la ciudadanía de nuestro país, traficando con esperanzas e ilusiones y vendiendo humo bajo el paraguas de un pseudo método científico.

Pero no creamos, queridos lectores, que esta práctica es sólo privativa de personas sin titulación y que se trata de un mal que padecen los colectivos sanitarios. Algunas veces, son estos mismos profesionales médicos los que realizan el denominado intrusismo al ejercer actos médicos fuera de sus competencias y capacitaciones. Existen, no obstante, excepciones como es el caso de la Cirugía Máxilofacial, Estomatología, Otorrinoralingología, Oftalmología, Ginecología y Obstetricia y Urología; cuyas prácticas médicas suelen tener componentes reparadores y estéticos.

Estamos convencidos de que los ciudadanos tienen el derecho a poseer una atención de calidad en el marco sanitario y las administraciones estamos en la obligación de hacer lo que esté en nuestras manos para conseguirlo. De ahí, y en aras de garantizar un servicio de calidad, se antoja necesario la elaboración ya no sólo de estrategias que vayan en la línea de definir claramente los actos profesionales, sino de elaborar este registro nacional de profesionales acreditados. Con este instrumento perseguimos dos cuestiones fundamentales que pasan por censar al increíble capital humano del ámbito sanitario con el que contamos y colaborar en la accesibilidad y transparencia que han de continuar presidiendo los actos médicos en nuestro país. Más aún cuando nos llegan datos como los publicados por la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica que habla de 1.000 profesionales cualificados frente a los 6.000 aproximadamente que están ejerciendo alguna actividad relacionada con la cirugía estética sin estar capacitados.

Si a esto le sumamos que somos el primer país de la Unión Europea en demanda de intervenciones relacionadas con la estética, alcanzando casi 300.000 intervenciones anuales, con un crecimiento del 150 por ciento anual, nuestra preocupación se torna aún mayor.Está claro que el intrusismo médico es un fenómeno preocupante en tanto en cuanto anula las garantías sociales del ejercicio de la profesión y constituye una mala imagen ante la sociedad de determinados colectivos profesionales. En definitiva, lo que buscamos es un marco que aporte mayor seguridad al sector y a los ciudadanos.

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