FIRMAS Salvador García Sin categorizar

LOMCE, confianza limitada. Por Salvador García Llanos

El Gobierno -el ministro Wert, sobre todo- tiene que ser consciente de lo que se avecina con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Primero, porque los representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública registraron días pasados, en la sede de la Presidencia del Gobierno, un millón de firmas de ciudadanos que no sólo se oponen a la norma y al modelo sino que piden frenar los recortes, modificar el real-decreto sobre becas y recuperar la inversión en educación. Y segundo, porque esta misma semana se enfrenta a una huelga general del sector que, previsiblemente, podrá en estado de ebullición el malestar de la comunidad educativa en la presente legislatura.

Ya recibió un aviso el ejecutivo cuando la LOMCE fue aprobada en las Cortes sin otro apoyo que el de la mayoría parlamentaria popular. Algo tendrá la norma cuando concentró el máximo consenso en contra. Los grupos parlamentarios, por cierto, llegaron a escenificar el compromiso de que la Ley será modificada en cuanto el Partido Popular salga derrotado de las urnas o pierda la mayoría cuyo abuso ha merecido la calificación de absolutista. Pero es que, además de las representaciones políticas, son la práctica totalidad de la comunidad educativa y todas las asociaciones y confederaciones de padres y alumnos, las que se han sumado a la expresión de disconformidad con la nueva Ley, acaso excesivamente ideologizada, con tendencias claramente segregadoras y que establece unas barreras económicas que determinan que la educación de calidad sea para el que pueda abonarla. La dificultad para el acceso de todos a los estudios universitarios es otro de los aspectos más criticados de la reforma educativa.
“Mi confianza en la Ley es limitada”, llegó a decir el ministro Wert una vez aprobada. Ello da idea de los negros nubarrones que sabe se ciernen sobre el futuro, tras una reducción en los Presupuestos Generales del Estado superior a los cinco mil millones de euros desde que gobierna el Partido Popular y después de que se haya producido un recorte de treinta mil profesores en la enseñanza pública. Hasta la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en el ámbito de la educación privada concertada, ha hecho coincidir su disconformidad con la celebración de la huelga.
Para quienes han llevado la simbólica consulta y convocan el paro del próximo jueves en toda España, el objetivo del Gobierno y del ministro es “acabar con la educación pública”. Cabe esperar que la respuesta no esté supeditada a los titulares de prensa y tratamientos audiovisuales que intenten minimizar, con cifras contradictorias sobre todo, el impacto de la participación.
La respuesta debería haber venido de una mayor voluntad de consenso y diálogo por parte de sus promotores. El Gobierno, según los testimonios que se acumulan, no ha estado por la labor. Y claro, una Ley que nace de espaldas a la comunidad educativa, sin respaldo de sus operadores ni de sus organizaciones representativas, tiene un futuro muy incierto.
En eso parece acertar Wert: vale que una Ley no resuelva todos los problemas educativos, pero que aparezca lastrada por empecinamientos propios ya condiciona la confianza.
Y así, desde luego, no se avanza.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario