Sin poner en cuestión el importante papel económico que históricamente ha desempeñado -y en menor medida, aún tiene- la Refinería en Tenerife, no es menos cierto que una actividad industrial de este tipo genera una serie de problemas medioambientales, y muy especialmente en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases, partículas y compuestos, cuyos efectos son claramente perjudiciales en términos de salud pública. Y es por ese motivo fundamental, además de otras razones de seguridad y de planificación urbanística, por lo que entiendo que tarde o temprano (y más bien temprano, porque en esa dirección se mueve toda la normativa medioambiental europea) la Refinería no puede tener vocación de permanencia en el corazón de una Ciudad como Santa Cruz.
Lo digo con toda claridad y desde el principio para evitar la ambigüedad calculada con la que algunos, de manera irresponsable, quieren jugar para escenificar un problema, pero sin aportar soluciones. Y con la misma claridad también debo reconocer que esa decisión sobre el futuro de esta instalación en su actual ubicación no puede ser tomada unilateralmente y en exclusiva por el Ayuntamiento porque afecta a aspectos estratégicos del suministro energético para el Archipiélago recogidos en el Plan Energético de Canarias (PECAN), y porque hay un principio elemental de seguridad jurídica que debe ser respetado por todas las administraciones.
En este sentido, y entendiendo que en un período razonable a medio plazo habrá que buscar una alternativa viable, se hace necesario un diálogo constante entre las administraciones implicadas y la propia Cepsa que haga compatible las necesidades de los ciudadanos de Santa Cruz, con los intereses estratégicos de Canarias, la garantía de estabilidad de los puestos de trabajo y los intereses legítimos de la empresa, en cuanto a un emplazamiento más adecuado y las ayudas precisas para evitar la deslocalización de esta actividad industrial en Canarias.
En lo que en ningún caso podemos hacer dejación de nuestra responsabilidad es en la vigilancia, control y exigencia de cumplimiento estricto de toda la normativa medioambiental exigible para que esta actividad, mientras siga realizándose en Santa Cruz, se haga sin sobrepasar los parámetros de seguridad para la salud de la población. Así se lo expresé personalmente y de manera categórica al consejero delegado de Cepsa, prácticamente en su primera reunión tras su nombramiento al máximo nivel ejecutivo de la compañía esta misma semana. Pero esa exigencia no va dirigida exclusivamente a la empresa, sino también hacia quien debe ejercer con todo el celo debido sus competencias para la medición de manera fiable de esas emisiones a la atmósfera, la adopción de medidas correctoras y compensatorias, así como la imposición de las correspondientes sanciones con pleno rigor cuando fuese preciso, y es el Gobierno de Canarias.
Y una de las maneras más eficaces de progresar en la mejora continua y hasta donde la tecnología lo permite en materia de prevención de riesgos, así como para evitar tentaciones de uno y otro lado que pudieran darse en cuanto a ocultación de información o de alarmismos injustificados, es la absoluta transparencia en la aportación y difusión de datos. Hoy es posible no sólo obtener una información fiable y detallada, sino además difundirla a las administraciones, a colectivos y a todos los ciudadanos prácticamente en tiempo real. De esta manera es como se hace posible adoptar las medidas de manera rápida y eficaz, y en ese camino también vamos a avanzar de manera palpable.
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